Victoria Wigodzky se desempeña como “Program Officer” en el Área de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos del Programa para América Latina del Open Society Institute.

De paso en Santiago de Chile, visitó el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, donde se reunió con el equipo de investigadores de ese centro. Allí se dio el tiempo de conversar con nosotros acerca de la importancia del Proyecto de Fortalecimiento de Prevención Comunitaria del Delito (Proyecto + Comunidad, + Prevención).

¿En qué consiste este Programa para América Latina, cuáles son sus principales objetivos?

El Programa para América Latina comenzó a principios del 2002, organizado temáticamente, intentando identificar temas que fueran comunes a toda la región.

Un área es todo lo referente al Fortalecimiento de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. Ahí trabajamos los temas de seguridad ciudadana, la reforma policial y el control civil, con el objeto de fortalecer las capacidades de la sociedad civil en temas de seguridad.

En el tema de derechos humanos no apoyamos trabajo de litigio estratégico a nivel nacional. Más que nada la idea es apoyar las instituciones encargadas de protegerlos, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones interesadas en fortalecer y trabajar dentro del sistema interamericano. Y apoyamos también el trabajo de antropología forense en la región, principalmente a través de los equipos de Argentina y Colombia.

Luego, la segunda área general de OSI es todo lo referente a Transparencia y Rendición de Cuentas. Eso incluye el fortalecimiento de medios de comunicación independientes, leyes de acceso a la información y de libertad de expresión, el monitoreo de presupuestos y el trabajo anticorrupción, en toda la región.

También contamos con una tercera línea de enfoque relacionado al fortalecimiento de espacios sub-regionales de colaboración entre gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil.Esto incluye cierto trabajo de incidencia en Washington, con el gobierno de los Estados Unidos, en temas de interés para la región y para la protección de la democracia en América Latina. Se trata de intentar anticipar y/o responder a ciertas políticas de los EE.UU. que pudieran llegar a impactar de manera negativa el desarrollo de la democracia en los países latinoamericanos. En lo posible, se intenta servir de puente o vínculo para los intereses de la región en Washington y apoyar espacios de intercambio subregionales para la resolución conjunta de distintos problemas hemisféricos

A partir de esos objetivos ¿Cuál es la importancia que para OSI, o para este programa en particular, tiene fortalecer iniciativas de prevención comunitaria del delito, como las que difunde el proyecto “+ Comunidad, + Prevención” de CESC?

En esta área en particular, la estrategia de OSI ha intentado fortalecer las capacidades de la sociedad civil en el tema de la seguridad ciudadana. Consideramos que el incremento de la violencia y el crimen común, o el organizado (como el narcotráfico, lavado de dinero, etc.) en ciertos países de la región, es tan importante y de tal preocupación para los ciudadanos, que vemos como esa sensación de inseguridad y el aumento de la violencia, van de a poco erosionando el apoyo a la democracia y a sus instituciones en muchos países.

Asimismo, hasta hace algunos años atrás había poca y aislada experiencia en la sociedad civil en materias de seguridad ciudadana. Por mucho tiempo, en nuestra región - debido a las dictaduras, las guerras civiles y los conflictos armados - el tema de seguridad se consideraba como el área de experiencia de los militares y las policías. De manera que la sociedad civil tenía poco espacio y “armas” para debatir e incidir con propuestas.

Entonces, hubo interés de empezar a fortalecer las capacidades existentes y al mismo tiempo expandirlas y generar espacios de intercambio. Esto se hizo a través de proyectos, como el de CESC, en términos académicos, de formación, para comenzar a difundir estas ideas y conocimiento entre jóvenes interesados en estos temas, que empezaban a tener una oportunidad de incidir en sus gobiernos, con la llegada de la democracia. Y se hace, también, al generar y apoyar esfuerzos de reforma policial y trabajo de intercambio entre funcionarios de estados y representantes de la sociedad civil, a través de algunas intervenciones puntuales en México y en Perú y redes regionales de policías y organizaciones no-gubernamentales (desde el Cono Sur) interesados en avanzar reformas en el sector seguridad. Se trata de apoyar espacios donde el estado y la sociedad civil puedan compartir ideas y experiencias, de manera que los expertos civiles tengan una entrada al estado para poder incidir con propuestas de políticas públicas concretas, basadas en estudios de investigación y análisis rigurosos.

Una tercer área en el tema de la seguridad ciudadana, donde también entra nuestro interés por el proyecto de CESC, es el de afianzar espacios de intercambio entre países y entre sectores. O sea, entre sociedad civil (organizaciones no-gubernamentales, organismos internacionales, espacios académicos) y estado, y entre distintos países de la región que están interesados en estas materias y podrían beneficiarse de la conformación de redes de diálogo, colaboración, e intercambio regional.

¿Cuál es la relación que existe entre este incremento del conocimiento civil en materias de seguridad y el fortalecimiento de la democracia?

Yo diría que, en tanto cada sector de la sociedad pueda tener la capacidad, y la oportunidad, de incidir en las políticas públicas y en el debate público sobre el estado de las instituciones democráticas, y al mismo tiempo sentirse capacitada para fiscalizar dichas instituciones, eso genera una sociedad más abierta.

Supuestamente, eso permite que se generen más ideas, mejores relaciones, menos desconfianza, para que políticas efectivas e integrales puedan dar una respuesta a la demanda ciudadana por mayor seguridad.

Si este debate se lleva a cabo solo dentro de un sector, y con un sector que, en general ha sido desconfiado por gran parte de la sociedad, como en el caso de las policías y los militares en muchos lugares de la región, es sumamente difícil generar más confianza en las instituciones democráticas y en el desempeño del estado.

La idea es tratar de generar puentes entre distintos sectores que por mucho tiempo estuvieron en distintos campos (y en bastantes temas y lugares aún lo están, aunque ciertamente han habido avances), de manera que se escuchen y dialoguen para tratar de encontrar soluciones conjuntas y consensuadas frente a la problemática de la violencia.Al mismo tiempo, en situaciones donde este tipo de diálogo aún no puede darse por razones coyunturales o de falta de voluntad política, es importante que la sociedad civil continúe capacitándose para lograr monitorear gestiones, proponer alternativas de políticas públicas y generar presión ciudadana para la eventual adopción de reformas institucionales.

¿Y de qué modo puede influir el fortalecimiento de iniciativas de prevención comunitaria, en particular, con una democracia de mayor calidad en los países latinoamericanos?

Bueno, en general, la prevención comunitaria del delito entra en el ámbito de lo local, es una característica per se de ese enfoque. Y es en lo local donde la gente tiene mayor contacto y experiencia con la democracia. O sea, cuando uno le habla al ciudadano común de la democracia, es más bien si me dan un servicio en mi comunidad, si tengo una escuela, si tengo libertad de expresarme como y cuando quiero, si puedo votar por y luego tener acceso a mi representante, si puedo acudir a un policía si algo me pasa. Eso en el fondo es lo concreto de la democracia. No es, tal vez, escuchar al ministro del interior dar un discurso.

Entonces, quizás sea posible mejorar la calidad de la democracia en tanto se pueda involucrar a la comunidad en el día a día, y otorgar a los ciudadanos oportunidades para participar en la resolución de sus propios problemas, hacerlos parte de su propia protección a la par de las instituciones.La idea es que no solo se le exija respuestas mágicas a un estado relativamente débil, sino que también reconozcamos nuestros propios derechos y nuestras responsabilidades cívicas. Que las comunidades se sientan empoderadas y capacitadas, actores de su propia vida, de su propia seguridad y de su propio futuro. La idea es que no solamente tengan cierto éxito en reducir la violencia en su barrio o en su comunidad, sino que también tengan una experiencia más positiva frente al estado y las instituciones democráticas, que perciban su funcionamiento efectivo en la prevención y la respuesta hacia la violencia. Es decir, que sientan que la democracia les está dando una respuesta concreta a sus problemáticas y a sus preocupaciones.

¿Cómo se puede explicar que gobiernos que son democráticos prefieran la represión por sobre la prevención del delito? Me parece paradójico.

No todos los gobiernos siguen esta línea, hay excepciones y ejemplos notables en nuestra región.Sin embargo, creo que el discurso represivo o de mano dura muchas veces se realiza en nombre del juego político.Y es que los políticos y los funcionarios, en general, tienen una perspectiva corto-placista. Ellos están en el poder cuatro, seis años y quieren demostrar resultados rápidos. Entonces a muchos no les importa que las políticas no sean sostenibles, o que sean contraproducentes. En muchos de nuestros países, no existe esa idea de continuidad política o de proyecto más allá de lo inmediato o del interés político o personal.

Es verdad que la sociedad civil continúa subrayando que la prevención debe ser una parte importantísima de cualquier estrategia de seguridad ciudadana. Pero las políticas de prevención en general son de largo plazo, es algo que puede llevar años, que está vinculado a estructuras socio-económicas también. Es parte de todo un sistema. Y hay pocos ejemplos donde uno diga que es algo inmediato, y que se le pueda mostrar a cierta población, en época electoral, cuando va a las urnas, que implementé tal política de prevención y logré tal resultado o impacto. Entonces, los incentivos no siempre están ahí para que los políticos enfoquen la prevención más allá de la represión.

Aunque obviamente hay excepciones, Chile parece ser una de ellas, también algunas ciudades en Colombia y en algunos otros ámbitos locales en la región. Pero, muchas veces, no hay voluntad de pensar más allá de su tiempo de gobierno. Entonces, lo represivo, lo de decir más penas, lo de decir mano dura, a veces genera votos porque la gente siente que hay una respuesta y que va a haber orden público.Sin embargo, es importante rescatar que algunas encuestas recientes reflejan un mayor y sutil entendimiento de parte de los ciudadanos sobre las reales causas de la violencia, y sobre la necesidad de aplicar políticas integrales y de largo plazo, que incluyan lo represivo y lo preventivo, que abarquen los ámbitos policiales, pero también lo socio-económico y lo judicial.

Al mismo tiempo, creo que en eso hay una autocrítica para la sociedad civil, pues somos mejores para decir lo que no hay que hacer, y lo que no funciona, y no tan buenos para incidir con propuestas concretas, efectivas, inclusive a veces tal vez simbólicas, para que los políticos y los funcionarios públicos digan: esto puede funcionar también y le voy a dar una oportunidad a esta propuesta, no sólo porque es más sostenible, sino también porque voy a tener algún tipo de ganancia política. Es decir, tenemos que proporcionar recomendaciones de políticas públicas y ejemplos concretos que logren reconocer y demostrar su factibilidad política, y además enfatizar que es lo correcto y que es una política que se ha demostrado que funciona para reducir la violencia de manera sostenible.

En ese sentido, un proyecto como el que llevamos a cabo tiene la misión de difundir iniciativas de prevención.

Exactamente, la idea de difusión y comunicación es clave en todos los ámbitos en los que trabajamos. No deberíamos quedarnos en los debates o los estudios académicos que luego no llegan a los funcionarios y, al fin y al cabo, a la gente. En la medida en que logremos demostrar que hay alternativas a la mano dura, que funcionan mejor y que sí se puede lograr mayor seguridad dentro de un contexto que respete los derechos humanos y no deje de lado las libertades civiles para combatir el crimen, ya es un enorme e importante avance.

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