Daniel Arias
Intervención para víctimas de delitos residentes de viviendas sociales
Por Felipe Gómez M

Daniel Arias es psicólogo de la Universidad Diego Portales y posee un Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Trabaja en Forja desde el año 2000 y al interior de esa ONG ha participado en la intervención de las poblaciones Sara Gajardo e Intendente Saavedra, realizadas en el marco del Programa Barrio Seguro del Ministerio del Interior los años 2003 y 2004. Actualmente participa de una intervención en la población Padre Hurtado de Puente Alto.

Además, coordinó el programa “Reducción de Temor e Inseguridad en Víctimas Residentes de Viviendas Sociales”, en la población Juan Araya de Cerro Navia, durante los años 2006 y 2007. Su experiencia de trabajo en este barrio es la que comparte en esta entrevista.

La diferencia era el objetivo de la intervención. Porque para Sara Gajardo e Intendente Saavedra se entendía que la intervención era hacia un barrio. En cambio, para la Juan Araya el foco era víctimas. Dentro de la licitación se establecían algunos planes para desarrollo local, pero el foco y el requerimiento final era sobre víctimas.

Sin embargo, desde el inicio se dio un proceso de negociación porque, tanto desde la Municipalidad como desde los vecinos, el enfoque de la intervención no parecía relevante, ni pertinente, ni atingente, con las demandas locales y específicas de esta comunidad.

El programa en su inicio tenía un componente víctimas, donde fundamentalmente se trataba de atender y derivar casos, además de un trabajo de prevención, con capacitación de monitores para prevenir violencia intrafamiliar o temas de violencia social. Otro componente buscaba articular la oferta local pública en temas de seguridad (Carabineros, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, etc.) para catalizar servicios hacia esta población en particular. También había un componente de infraestructura, donde teníamos un porcentaje de inversión que iba destinado a transformar o readecuar alguna instalación o espacio común dentro de la población. Finalmente, se trabajó en el desarrollo de las organizaciones y de los líderes, del capital social de la población, a través de la capacitación.

Ese era el primer planteamiento. Pero así establecido rebotó con la población, con los dirigentes y con la municipalidad también. Y producto de una negociación con esos actores fue que, además, se incorporó a este diseño un componente productivo.

¿Con qué objetivo?

Iba básicamente por dos líneas. Uno era la habilitación de competencias laborales y lograr empleabilidad. Y, por otro lado, fortalecer la autogestión y el desarrollo de alguna iniciativa de microempresa. Fue una intervención bien compleja, que tuvo también diversos niveles de resultados y, en general, se desplazó el foco desde la víctima hacia el desarrollo comunitario.

¿De qué manera dificultó su trabajo, esta diferencia de visión entre lo que el Ministerio del Interior planteaba y lo que la Municipalidad y los propios vecinos solicitaron?

La División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior estaba en ese momento diseñando lo que iban a ser los centros de atención a víctimas, entonces requerían obtener algún grado de información para ese trabajo. Ese fue el primer requerimiento que se solicitó de estos pilotos: el nuestro en Cerro Navia y otro en La Pintana, que estuvo a cargo de la Universidad Alberto Hurtado. En ambos casos, por lo que tengo entendido, fue muy difícil encontrar la condición que ellos esperaban.

En los términos de referencia iniciales uno puede leer que en este tipo de barrios de vivienda social existen víctimas, que ellas están replegadas y se encuentran distanciadas de las redes, del espacio social, y que han generado un grado de temor que invalida su habitar el espacio común. Ese era el objetivo principal, encontrar a las víctimas de estas comunidades, reparar su vínculo con el entorno social y su acceso hacia los servicios públicos, que se suponen puede entregarle algún tipo de respuesta.

Y no encontrábamos víctimas. Las tasas de denuncias en Cerro Navia son muy bajas, y en esta población en particular son todavía más bajas. El fenómeno transversal era siempre la inconvivencia y en términos de delito, la violencia intrafamiliar, de manera que no encontramos víctimas de otros delitos, como para haber generado un dispositivo especializado con profesionales dedicados al tema.

Eso nos llevó a un cuestionamiento fuerte del énfasis de la intervención. Pues lo que encontramos fue una comunidad con fracturas muy importantes en sus vínculos, con mucha desconfianza entre ellos y mucha conflictividad. De hecho, la imagen que tenía la Juan Araya, cuando nosotros llegamos, era la de una población que parecía casi un penal, en el que todos los pisos y los blocks estaban enrejados, y los espacios comunes se enocontraban abandonados y muy deteriorados.

Otro de los problemas que tuvieron que enfrentar era que en el barrio no existía una sola identidad concreta, si no que varias.

Claro, una vez que se resolvió cuál iba a ser el énfasis de la misma, desplazando el tema de víctimas e incorporando el productivo, lo primero que tuvimos que modificar, como estrategia en terreno, fue pasar desde convocatorias generales hacia trabajos parcializados con los diversos condominios que componen la población. Porque incluso dentro de un mismo condominio, difícilmente los vecinos se sentían parte de un colectivo.

Tuvimos que descomponer la intervención en esas unidades más pequeñas para tratar luego de establecer un trabajo colectivo con esa población. Lo que nos propusimos fue fortalecer estas identidades, otorgando algunas herramientas de trabajo y de vínculos con el Estado más eficaces de las que tenían.

¿Qué otras dificultades existieron en la implementación de esta intervención?

La primera gran dificultad es que tenían (la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior) muy mala recepción en el gobierno local. Desconozco cuál era el formato específico de negociación con ellos, pero siempre nos tocó un Municipio resistente y desconfiado del modo en que se estaban instalando los programas desde el Ministerio. Entonces, al menos en mi experiencia, el programa que representaba y que iba a ejecutar tenía la marca del Ministerio del Interior, y esa marca en el Municipio ya tenía una resistencia que hubo que sortear.

¿Por qué crees que eso ocurrió?

Creo que la razón más fuerte es que el Municipio sentía que en el diseño y la implementación de los programas no se les tomaba en cuenta. No se consideraba su experticia, su conocimiento, su capacidad o experiencia anterior. En general, llegaba un programa cerrado como un paquete, que se abría en la Municipalidad y tenía que ejecutarse tal cual.

En particular, en esta última experiencia en Juan Araya, y creo que con toda razón de parte del Municipio, tuvimos que hacer un cambio muy fuerte en el énfasis del programa. Además, fue necesario incorporar una línea de trabajo que no era parte de nuestra experticia, como el componente productivo. Tuvimos que darle más énfasis al lado de desarrollo que al de reparación de víctimas. Trabajamos mucho más el tema preventivo que la reparación.

De ahí en adelante, con nuestras contrapartes locales, que era la gente del Previene y del Comuna Segura, tuvimos un diálogo más franco, más expedito, con harta más confianza.

Otra dificultad en el trabajo fue el tema de los restringidos plazos de trabajo para la intervención.

Sí. La verdad es que desde un punto de vista metodológico, al trabajar con los plazos que se plantean para la intervención, la dificultad y el riesgo que tiene es que puedes inducir algunos elementos de tu intervención que son ficticios, que no corresponden realmente al nivel de desarrollo local.

Antes del sexto, séptimo u octavo mes, no contábamos con la confianza necesaria siquiera, de parte de la población, para ser interlocutores válidos en algunos aspectos. Tuvimos que operar un buen tiempo a pesar de no tener un vínculo bien consolidado con la población. Y eso es algo que uno tiene que evitar siempre cuando está trabajando en territorio.

Trabajar, y hacer apuestas cuando tú no tienes la confianza del barrio, es bien peligroso, porque cualquier tipo de error, leído en un escenario de desconfianza es muy distinto a uno que se da en un contexto de compromiso y vínculos, donde tienes un margen de error un poco más grande.

Ustedes continuaron en la Juan Araya después de finalizado el plazo de la intervención ¿Cómo fue ese trabajo?

Sin respaldo, sin financiamiento, seguimos ahí por nuestra cuenta nada más. Y es que, por ejemplo, el tema de la constitución de los comités de copropiedad no estaba dentro de nuestro contrato. No era un producto desde el inicio, porque tampoco sabíamos si era viable o no, o si era un requerimiento o no. Eso apareció como a la mitad de la intervención, el tema del condominio y de la importancia de establecer los comités de copropiedad, ya que de ello depende una buena parte de las posibilidades de autogestión que tienen los habitantes de un condominio de vivienda social. Y al momento de cerrar el programa, el proceso no estaba concluido no más.

¿Y tuvieron problemas para legitimarse frente a las entidades públicas, considerando que ya no tenían el respaldo del Ministerio?

No. En particular en Cerro Navia no, porque Forja tiene una trayectoria bien larga en esa comunay la alcaldesa, así como los equipos de Comuna Segura y del Previene han conocido nuestro trabajo desde antes.

Incluso sin tener el respaldo desde el Ministerio, entiendo que había bastante confianza con lo que estábamos haciendo. Además, nos planteamos objetivos bien ambiciosos y creo que cumplimos con metas bien altas en términos de movilizar a la comunidad y de que ella se hiciera responsable de su espacio común.

En el documento de evaluación de su trabajo, plantean que tuvieron problemas para romper cierta lógica asistencialista presente en la población.

 Lo que pasa es que la población se organizaba desde esa lógica. Y se daba un fenómeno recurrente en las poblaciones: la existencia de una líder extremadamente autónoma, muy personalista en su gestión. Era ella por quien atravesaban todas las negociaciones que tenía la comunidad con los servicios. Y era este personaje el que tramitaba diversos tipos de bienes para la comunidad.

No te puedo decir que en un año logramos revertir esa lógica de funcionamiento, donde hay muy poca participación y liderazgos muy autocráticos y cerrados. Porque no es un problema de la líder, es un sistema que se retroalimenta. La pasividad de la población y la poca participación son parte de la misma sintomatología que manifiesta la líder, que se apropia de la toma de decisiones de la comunidad. Es todo parte del mismo fenómeno.

Lo que logramos es que ese liderazgo compitiera con iniciativas y con grupos de intereses un poco más parciales dentro de la población. Porque al momento en el que estos condominios se articulan y empiezan a generar intereses propios de su sector, eso empieza a levantar liderazgos más locales, con los que la Junta de Vecinos tiene que comenzar a dialogar.

En el desarrollo de la intervención orientaron el trabajo hacia la gestión participativa ¿Esto era una propuesta que respondía a una visión de Forja o que se planteaba desde el Ministerio?

Creo que es bien compartido. Pero el asunto es cómo tú llegas a implementar eso cuando una comunidad no habla el lenguaje de la promoción o de la participación. De alguna manera, uno tiene que comenzar a dialogar con ciertas lógicas de asistencialismo para, en el camino, ir cambiando el switch. Si hubiésemos llegado con un discurso promocional y anti-asistencialista a la población, lo único que hacíamos era rebotar.

Uno va para allá, y tienes que garantizar cierto nivel de impacto, y no te puedes lavar las manos argumentando que la población no se puso las pilas con el trabajo. Allí hay una disyuntiva que resolver, pero no en el choque.

Nosotros comenzamos, de alguna manera, con un diálogo más o menos asistencialista. Pero en algún momento tú tienes que llegar a plantear que los resultados no son en definitiva responsabilidad del ejecutor.

Lo que nosotros podemos hacer es capacitar, entregar herramientas, apoyar a los liderazgos, trabajar con la comunidad, y movilizar a los servicios para que se acerquen a la población.


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