A raíz de los últimos  hechos de violencia y delincuencia vinculados  a menores de edad, este mes quisimos entrevistar a Andreas Hein, quien tiene una importante trayectoria de investigación en temas de jóvenes y niños infractores de ley.

1. ¿Qué opinas de los programas para jóvenes infractores que se han implementado en Chile, en los últimos años?
En Chile existe aún un desproporcionado acento sobre el desarrollo de reformas legales en el ámbito exclusivo de la justicia, en desmedro del desarrollo de  programas consistentes que operen en el nivel local y que puedan dar cuenta de los problemas sistemáticamente asociados tanto al origen de problemas conductuales vinculadas a la infracción de ley como a su persistencia.

Si bien se ha demostrado contundentemente que los adolescentes con trayectorias perseverantes de infracción de ley presentan historias persistentes de vulneración de derechos, y aún así,  estos solamente son sujetos de posibles sanciones una vez que han irritado al sistema judicial, pero no han sido sujetos de protección cuando su bienestar se ha sido severamente comprometido.

Si hay algo en que la literatura está de acuerdo es que los problemas delictivos son multicausales, por lo que la respuesta ante estos se encuentra usualmente fuera del ámbito de acción de un solo sector (por ejemplo salud, educación o justicia). Ello implica que la respuesta ante casos de alta complejidad, solamente puede darse en el contexto de la cooperación efectiva de diversos servicios y organizaciones que tienen alguna injerencia sobre el desarrollo de los niños y adolescentes. Ello trae consigo importantes dificultades de gestión de respuestas contundentes en materia de casos particulares.

Lo que más frecuentemente se observa es que cada organización, o sector desarrolla respuestas ante adolescentes “problemáticos” solamente dentro de su ámbito y foco de competencia. Por ejemplo se diseñan programas destinados a prevenir el abandono escolar en educación, de prevención de drogas en salud o de prevención del delito en la división de seguridad ciudadana, cuando en efecto un mismo adolescente puede tener dificultades en las tres áreas. Esta excesiva especialización de los programas y proyectos tiende a desnaturalizar a las personas al enfocar a la infancia y adolescencia solamente a través de sus problemas. Al desarrollar programas separados el mismo adolescente puede ser sujeto de sobre intervención, disminuyendo las posibilidades de cualquiera  de las iniciativas de lograr un efecto positivo. Este es el caso por ejemplo de los “en la calle”.

2. ¿Qué modificaciones le harías a estos programas (desde la dependencia institucional hasta la gestión)?
Los programas tienen hoy al menos tres dificultades:
La primera tiene que ver con el diseño organizacional. Si bien existen muchos programas implementados por instituciones con amplia experiencia en la materia, estos se desarrollan en contextos donde los servicios gubernamentales y encargados del bienestar tienen importantes dificultades para cooperar en función de objetivos comunes.  Asimismo proyectos particulares, como aquellos diseñados en el marco de los fondos de apoyo a la gestión municipal (Ministerio del Interior), previene (Conace) u otros, suelen mostrar diseños de gestión débiles, precisamente en cuanto a la relación con las “redes de derivación” se refiere. Muchos de estos programas carecen de atribuciones para poder exigir una respuesta eficaz y de calidad ante casos derivados. Esto da lugar a una fragmentación de la intervención multisectorial. En este sentido se debe re posicionar la idea que el estado debe promover la preocupación por la infancia y adolescencia como un grupo social caracterizado por sujetos con necesidades y no por problemas asociados a este grupo.

Una segunda es que los criterios de focalización de estos proyectos no son siempre claros, ni conocidos. Asimismo los indicadores utilizados para esto no son siempre los más adecuados, se puede llegar a considerar que los indicadores socioeconómicos son adecuados para focalizar oferta de atención por maltrato infantil.

Por último se observa una virtual ausencia de programas que sean capaces de informar públicamente sobre el impacto de sus intervenciones. Sus evaluaciones, si las hay, se encuentran desequilibradas recurriendo primariamente a datos cualitativos, útiles sin duda, pero insuficientes para caracterizar los resultados de un programa o proyecto. 

Estos tres elementos atentan contra procesos fundamentales como la priorización y el desarrollo de aprendizaje relevante que permita mejorar la calidad de las intervenciones.

3. ¿Cuál es el problema central, crees tú, en niños como “el cizarro”?
Casos como este han existido hace tiempo, y también se han desplegado esfuerzos más o menos sistemáticos para abordarlos. Por ello me consta que el acceso de este tipo de niños a tratamiento especializado (por ej. desintoxicación, tratamiento neurológico o psiquiátrico) es extraordinariamente difícil de conseguir. De no haberse convertido en un problema político, es probable que no hubiese podido tener acceso a este mismo centro. Me parece si interesante que, por primera vez se genera un debate público respecto de cómo se debe abordar la intervención en este tipo de casos.

Creo que el problema central del caso, es que este perfil de niños no es una prioridad para el estado, y dudo que a partir de este caso vayan a haber cambios relevantes. La anunciada división de Sename no es ninguna novedad ya que se ha discutido hace más de dos años. En el contexto actual uno podría razonablemente dudar que vaya a ocurrir algo relevante en la materia, al menos hasta marzo. En este sentido se podría decir que las políticas nacionales de protección de la infancia tienen que hacer un giro relevante hacia un desarrollo sustentado en evidencia y orientado a resultados medibles.
 
4. ¿Conoces experiencias exitosas, en términos de resultados,  de programas destinados a menores infractores en América Latina?
Experiencias particulares exitosas, que puedan demostrar sus resultados son muy pocas. El problema de fondo tiene que ver con que se quisiera que la mayor parte de las acciones dirigidas hacia la infancia y la adolescencia pudiesen dar cuenta de sus resultados, buenos, malos o neutros. Solo de esta manera se puede construir un debate real en torno a la protección de la infancia en América Latina.

5. ¿Crees que hay posibilidades de  replicar las experiencias internacionales exitosas en países como Chile?
Siempre es posible, casi nunca sin un sustantivo trabajo de adaptación acomodación y aprendizaje organizacional. Los contextos de desarrollo, las culturas laborales y profesionales y el nivel de recursos y la organización de los sistemas de bienestar son radicalmente diferentes en distintos países. Quizás una de las principales dificultades que se observa en América Latina tiene que ver con un desarrollo más débil de las instituciones del estado encargadas de proveer servicios básicos de bienestar. Muchos de los programas de prevención desarrollados en otros países funcionan en contextos donde las políticas sociales de base tienen otro nivel de desarrollo. En algunos casos es razonable dudar que puedan ser adaptadas al contexto en forma acrítica.

Sin embargo hay experiencias alentadoras. Un programa digno de mirar es el programa Habilidades para la vida de JUNAEB, que se ha sostenido ya por varios años, basado en sólidos fundamentos teóricos y rigurosas evaluaciones ha podido demostrar su valor y su rentabilidad.

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