|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La noción tradicional de barrio en América Latina ha transitado por la idea de cohesión, de respeto a los demás y de lazos de amistad entre vecinos. Este concepto basado en sentimientos de pertenencia al grupo, con identidades y características propias, en las últimas décadas, ha ido perdiendo peso específico. Hoy en día el barrio es un espacio multiforme de gente con diferentes usos y costumbres dentro de un ambiente urbano que va creciendo al ritmo de las grandes ciudades globalizadas. Como plantea el urbanista uruguayo, Carlos de Mattos, el barrio tradicional ha sufrido una metamorfosis caracterizada por una expansión de habitantes en forma de red, similar a una mancha urbana de estructura poli céntrica y fronteras móviles, con una continúa dilatación dispersa que desborda y desdibuja continuamente sus límites. Estamos pues frente a un nuevo tipo de ciudad en rápido y continuo crecimiento, producto del incesante desarrollo urbano que no admite retorno al pasado del “barrio tradicional”. En este contexto, los servicios públicos vienen también sufren cambios, unos más que otros, para responder a la demanda de los ciudadanos por mejores condiciones de vida. Entonces, la pregunta que cae por peso propio es, ¿cómo esta metamorfosis urbana viene afectando a la seguridad ciudadana, habida cuenta que a más desarrollo y expansión se presenta mayor incidencia de hechos delictivos y de inconductas ciudadanas? ¿En que medida estas urbes globalizadas vienen arrastrando consigo su violencia producto del desencuentro entre sus propios actores? Ciudades globalizadas versus incidencia delictiva Las principales ciudades latinoamericanas tienen su propia dinámica de expansión urbana que se expresa, por ejemplo, en la presencia de grandes centros comerciales formales e informales donde confluyen ciudadanos de toda extracción social, mientras que las elites conservan todavía “establecimientos exclusivos”. Pero la urbe no se detiene y continúa su desarrollo a manera de fronteras móviles, creando pequeños y grandes conglomerados dentro de la misma ciudad, bajo el empuje de inmigrantes que llegaron hace décadas en pos de un destino mejor, los que en la actualidad son los principales actores del cambio. En este sentido Jurgen Golte y Norma Adams investigadores del Instituto de Estudios Peruanos, plantean que la Lima de hoy es una ciudad de inmigrantes que se desenvuelven en ella con miras a su bienestar e independencia económica, utilizando el bagaje cultural de sus pueblos de origen para optimizar su inserción en la urbe. En este proceso de expansión urbana avanza, en forma soterrada y muchas veces a vista y paciencia de todos, la delincuencia de todo tipo y las inconductas ciudadanas que también han tenido un crecimiento importante, haciendo difícil el esfuerzo de las autoridades locales para contener la ola delictiva. Sin embargo, se aprecia también una renovada predisposición de los ciudadanos para organizarse y evitar que sus barrios y asentamientos humanos sean objeto del acoso delictivo. A falta de efectivos policiales, los habitantes vienen asumiendo otras alternativas de seguridad como las rondas entre vecinos y parejas de policías, la contratación de vigilantes particulares, la instalación de rejas y sistemas de seguridad, etc. Asimismo, se aprecia también, aunque en mínima proporción “la justicia por mano propia” que por lo general se produce a falta de una adecuada atención a los requerimientos ciudadanos de seguridad. Necesidad de impulsar instancias de coproducción de seguridad En este contexto, muchas seguramente son las recomendaciones para hacer de las principales ciudades lugares donde se pueda vivir en paz sin riesgos ni amenazas que temer, pero ¿cuanto de estas opiniones tienen la ventaja de ser aceptables, adaptables y practicables en nuestras respectivas realidades? En primer lugar considero necesario revitalizar la organización local para la seguridad. En el Perú existen básicamente dos niveles de prevención comunitaria: Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el área urbana y las Rondas Campesinas en el sector rural, ambas se conformaron en forma voluntaria para reducir el delito, a falta de presencia policial en los barrios marginales y en las zonas alto andinas. El segundo nivel de coproducción de seguridad, son los “Comités Distritales de Seguridad Ciudadana” que surgen al amparo de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (27933), bajo la presidencia de los alcaldes y conformada por las autoridades locales y la comunidad organizada. A la fecha se han instalado y juramentado el 97% de los Comités Provinciales y Distritales, pero está todavía lejano el día en que exista una respuesta integral y multisectorial al problema de la violencia. No existe aún una respuesta integral debido a que los Alcaldes, que son los Presidentes de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, con muchas excepciones, carecen de liderazgo para conducir un trabajo intersectorial de prevención social a favor de la mujer abandonada o agredida, en pro del adulto mayor y de niños y jóvenes en riesgo, así como llevar a cabo actividades de prevención situacional, comunitaria y de prevención policial. Esta falta de liderazgo se debe principalmente a la escasa capacitación y vocación de servicio que tienen para conducir el trabajo del Comité y el poco apoyo que reciben de parte de otras autoridades locales. Descentralización policial: el mejor camino para reducir el delito En cuanto a la prevención policial, considero que las primeras autoridades encargadas de dotar a las comisarías con mejores recursos y medios son el Estado, los Gobiernos Regionales y Municipales. Cada ciudadano tiene el derecho a ser protegido frente ala violencia y a la sensación de inseguridad, por tanto se requiere no solo de una rápida respuesta de la policía frente a la emergencia, sino de una policía que este más cerca del vecino, que dialogue y se constituya en una policía con orientación comunitaria. Respecto al tipo de organización policial que debe prevaler en el Perú para la seguridad ciudadana, existen dos criterios enraizados en su cultura organizacional: Una de carácter centralista que enfatiza la vigencia y creación de unidades especializadas para el tratamiento de cualquier modalidad de delito, como el Escuadrón de Emergencia para el patrullaje en vehículos, la Policía de Tránsito, la Policía de Turismo, la Policía Ecológica, la Policía de la Familia, la Policía Femenina, las Divisiones de Investigación Criminal, etc. El segundo modelo sostiene la importancia de la organización territorial y de la comisaría como la unidad básica más cercana al vecino. En este esquema de organización, el Comisario debe tener el manejo técnico, administrativo y ejecutivo de las unidades preventivas y de investigación básica, en el marco de un proceso de descentralización o distritalización de los servicios policiales. El gobierno del Perú, con buen criterio, ha iniciado un proceso de “distritalización” de los servicios policiales que todos los peruanos deberíamos apoyar, porque con ello se pretende “democratizar” la seguridad ciudadana, hacerla más accesible a todos los ciudadanos y evitar asimetrías de tipo social, como las que suceden por ejemplo, en las comisarías de San Isidro, Miraflores y San Borja, donde se concentran un promedio por distrito de 221 efectivos policiales y 326 efectivos del serenazgo (Cuerpo Municipal creado para apoyar a la policía en la vigilancia y prevención del delito), para prestar seguridad a 295,924 habitantes de clase media y alta; mientras que los distritos de San Juan de Miraflores, Ventanilla y Lurin, cuyos habitantes son por lo general de estrato socio económico bajo, tienen escasamente un promedio de 80 efectivos policiales y 108 serenos para proteger a 585,254 habitantes.
Fuente: Wilkipedia y elaboración propia Si bien la política del Ministerio del Interior, a mi criterio, es positiva con respecto a que los recursos y medios policiales estén al alcance de todos los ciudadanos por igual, la estrategia de su ejecución no es la más adecuada, porque en lugar de simplificar el trabajo policial, lo que se ha hecho es burocratizar el sistema, creando un nivel superior al comisario llamado “Jefe Distrital”. Este nivel, al mando de coroneles, viene asumiendo la responsabilidad de la ejecución del patrullaje policial. Es decir, se le ha cercenado al comisario la responsabilidad más importante que tenía: el patrullaje, convirtiéndolo en mero receptor e investigador de denuncias menores. Esta nueva estructura para el trabajo local, ha tenido como correlato que el Comisario deje de ser la máxima autoridad policial del distrito, ya no tiene representación ante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y menos ante los requerimientos vecinales. Considero que es un retroceso en las relación ciudadano- policía que han sido difícil construir y desarrollar a través de los años. Los vecinos no se sienten identificados ni representados por el Jefe Distrital de Policía que muchas veces tiene a su cargo el trabajo policial de dos o tres distritos más. En lugar de fortalecer la antigua relación ciudadano-comisario, esta ha sido debilitada por criterios personales. No se ha llevado a cabo un proceso de consulta entre los oficiales y personal subalterno de las comisarías, a quienes se les ha impuesto un modelo del cual mayoritariamente están en desacuerdo. Reflexiones finales A manera de conclusión, quisiera extraer algunas reflexiones de mi texto “Seguridad Ciudadana – 14 Lecciones Fundamentales”, que a mi punto de vista sintetizan muy bien la problemática de seguridad que confrontan nuestros países y sus respectivas organizaciones policiales en el afán de ser cada día más eficaces:
|
