La complejidad del fenómeno de la seguridad en la actualidad nos impone un enorme desafío a gobernantes y ciudadanos, obligándonos a diseñar e instrumentar estrategias de intervención con mayores niveles de amplitud y profundidad.

En tal sentido, la “Seguridad Ciudadana” como método de abordaje de las cuestiones vinculadas a la seguridad, se presenta como un importante avance en la comprensión de uno de los fenómenos sociales más preocupantes de los últimos tiempos. La mirada integradora que propone esta nueva corriente de pensamiento facilita la incorporación de dimensiones de la seguridad no contempladas anteriormente y permite generar un ámbito propicio para el desarrollo de estrategias integrales de prevención de la violencia y el delito.

El modelo de Seguridad Ciudadana: definición y características

En los últimos años se ha logrado avanzar profundamente en la instalación del nuevo paradigma de Seguridad Ciudadana en distintos ámbitos de nuestra sociedad.

Actualmente muchos decisores políticos y ciudadanos reconocemos que la seguridad se ha convertido en una cuestión que sobrepasó la capacidad de actuación de las instituciones tradicionales y que es necesario lograr un amplio compromiso ciudadano en la lucha contra la delincuencia.

Sin embargo, quienes no comparten esta nueva mirada del fenómeno de la inseguridad consideran que la misma sigue siendo exclusiva responsabilidad de los Estados Nacionales y Provinciales y que involucrar a los gobiernos locales y a la sociedad civil en las políticas de seguridad implica una incorrecta delegación de responsabilidades políticas e institucionales.

La divergencia de posturas ideológicas, políticas y conceptuales frente a la cuestión de la seguridad trae aparejada la necesidad de clarificar el modelo de acción que propone la Seguridad Ciudadana para el abordaje de la criminalidad y la violencia en ámbitos locales.

En primer lugar debemos establecer algún acuerdo o consenso básico sobre la noción de seguridad. En tal sentido, podemos afirmar que la seguridad consiste en la competencia (obligación y responsabilidad) de las instituciones públicas para establecer, mantener y restaurar un estado de convivencia y derecho.

Sin embargo, también podemos sostener que la seguridad se vincula con los con los niveles de protección del individuo y sus bienes y que comprende el desarrollo del ciudadano en su comunidad, la capacidad de ejercer sus derechos, individuales, sociales y económicos y el grado de garantía estatal para el ejercicio de tales derechos.

Ambas definiciones, la primera en sentido restrictivo y la segunda en términos más amplios, no son contradictorias en sí mismas sino que ponen de manifiesto dos formas alternativas, y a la vez complementarias, de comprender un mismo fenómeno.

Para completar el concepto de seguridad que utilizaré en el presente trabajo quisiera agregar el derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de producción de seguridad, es decir, en el diseño y gestión de las políticas de seguridad en su ciudad o barrio.

Esta nueva forma de comprender la cuestión de la seguridad, que amplía el concepto tradicional de responsabilidad estatal e involucra la participación comunitaria en la producción de seguridad, nos conduce inevitablemente a redefinir las formas de abordaje e intervención.

Un modelo de seguridad pública que refleje esta nueva concepción de la seguridad debe contemplar un abordaje local de la problemática, involucrar nuevos actores, orientar su accionar principalmente a la faz preventiva del fenómeno e incorporar las variables sociales y comunitarias en el análisis del mismo.

El rol de la participación ciudadana

La participación comunitaria se ha convertido en un elemento clave de las políticas de prevención de la violencia y el delito aportando una nueva mirada social y comunitaria de un fenómeno que ha sido el resultado de un profundo proceso de transformación social, económica y política a nivel mundial.

En primer término debemos mencionar que la participación ciudadana como componente intrínseco de las políticas de prevención de la violencia y el delito contribuye al fortalecimiento del tejido social generando sentido de pertenencia y apropiación sobre el territorio, cooperación y solidaridad entre sus habitantes y una mayor efectividad de las estrategias instrumentadas.

Este es uno de los principales resultados que podemos observar a la hora de analizar la eficacia y/o efectividad de la participación. El simple de hecho de contar con una red de contención y control social redunda en un notorio mejoramiento de las condiciones de seguridad de una sociedad y por ende de su calidad de vida.

Asimismo, el involucramiento de la comunidad en el diseño y gestión de las políticas de prevención garantiza que los resultados alcanzados perduren en el tiempo transformándose en patrones de conductas adquiridas y apropiadas por la comunidad participante. Podemos observar así que los cambios que se producen con la participación comunitaria son de mayor envergadura que aquellos que provienen únicamente de la esfera gubernamental o alguna instancia comunitaria de escasa representatividad.

Desafíos de cara al futuro: información, diagnóstico, localización y trabajo conjunto

Tradicionalmente, el problema de la inseguridad o de la criminalidad era una cuestión acotada desde distintos puntos de vista: la cantidad de delito, la complejidad de los mismos, los niveles de violencia, la cantidad de actores involucrados eran menores y, por ende, la cantidad de recetas o respuestas estatales frente a la delincuencia también era menor.

Sin embargo, en la actualidad el problema se ve agudizado en todas y cada una de las variables mencionadas y, para complejizar aún más el escenario sobre el cual trabajar, se incorporan variables de tipo social excluídas de los análisis tradicionales.

Este contexto requiere la generación de nuevas alianzas entre distintos actores sociales (gobiernos-en todas sus áreas y niveles-, las policías, la justicia, la academia y la comunidad) de forma tal de avanzar en la consolidación de un modelo alternativo de seguridad pública cuya fuerza radique en la prevención, la interinstitucionalidad y la participación.

En este sentido, la seguridad ciudadana ha permitido un importante avance en la materia pero ha traído consigo nuevos desafíos, sobre todo para los decisores políticos quienes se ven obligados a ampliar la gama de políticas y/o acciones que tradicionalmente se ponían en práctica para combatir la delincuencia.

Uno de estos desafíos consiste en poder identificar fuentes de información, instrumentos y metodologías de trabajo pertinentes y que puedan dar cuenta de las nuevas aristas de este viejo problema.

La obtención y manejo de información completa y pertinente nos permitirá poder delinear con mayor precisión los cursos de acción a seguir y contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos existentes.

Otra de las cuestiones a profundizar es lograr trabajar en forma coordinada con distintos actores sociales en un ámbito territorial acotado. De este modo, se podrán abordar las distintas causas que generan la inseguridad y reorientar recursos necesarios para el desarrollo de una clara política de prevención.

Algunas consideraciones finales

A lo largo de esta reflexión hemos analizando el rol y las responsabilidades de los distintos actores involucrados en la producción de la seguridad ciudadana.

Mencionamos cómo a partir de una ampliación del concepto de seguridad surge la necesidad de generar un nuevo modelo de gestión de la seguridad que complemente la tarea que venían desempeñando los actores tradicionales.

Los avances logrados en materia de seguridad ciudadana pueden ser comprendidos como la sinergia de dos sistemas de seguridad. El primero de ellos, más acotado y con participación exclusivamente estatal y el segundo, mucho más amplio, participativo y democrático que involucra a la comunidad en la producción de seguridad.

En este punto es necesario mencionar que la complementariedad de ambos modelos de seguridad sólo se da en la faz preventiva del fenómeno de la criminalidad, miéntras que la faz represiva del mismo sigue siendo responsabilidad exclusiva de las instituciones gubernamentales creadas a tal efecto.

El mayor desafío que debemos enfrentar en el futuro se vincula con la necesidad de fortalecer estos sistemas coexistentes de seguridad. Debemos tender a mejorar la calidad de las instituciones públicas encargadas de prevenir, reprimir y condenar el delito como así también fortalecer los ámbitos de participación ciudadana para la prevención de la violencia y el delito.

Si bien “la seguridad es una cuestión de todos”, sigue siendo una función indelegable del Estado y por tal motivo debemos propender al fortalecimiento de los organismos oficiales responsables de la gestión de laseguridad pública.

Para ello, se deben diseñar políticas gubernamentales tendientes a:

La utilización de fuentes de información confiables y fidedignas permitirán no sólo el diseño y ejecución de programas de atención focalizada sino que, a su vez, posibilitará legitimar la políticas implementadas al brindar a los ciudadanos datos concretos sobre la realidad que se pretende modificar y el sentido técnico de las políticas a ejecutar.

En materia de participación comunitaria podemos observar algunos resultados exitosos, sin embargo, el proceso de ejecución y sostenimiento de dichas estrategias conlleva un sin número de dificultades que hacen que las mismas sean fragmentarias y esporádicas.

Por tal motivo, considero que el mayor desafío que aún nos toca afrontar es generar las condiciones necesarias y apropiadas para el desarrollo de las estrategias de prevención con participación ciudadana y hacer que las mismas sean viables y sostenidas en el tiempo.

En este sentido, debemos seguir profundizando las siguientes líneas de trabajo: