Las políticas de seguridad pública implementadas históricamente en Argentina han seguido un patrón similar al que, por lo general, puede observarse en el resto de América Latina: delegación de la gestión de los asuntos de seguridad pública en los cuerpos policiales y limitación del debate en torno a cuestiones relacionadas con la dimensión policial del sistema de seguridad. Más penas, más policías, mayores atribuciones policiales, mayor patrullaje, han sido las consignas más comunes.
Dichas consignas se corresponden con la preeminencia de una perspectiva de represión del delito y de racionalidad de la criminalidad. Esta perspectiva presupone que el aumento de los costos de realizar una acción delictiva (por ejemplo, aumentando las penas) constituye la herramienta básica y esencial de cualquier política que intente lidiar con la problemática de la inseguridad. Aunque esta perspectiva es la expresión de un debate ideológico en materia de políticas de seguridad, su preeminencia en Argentina es producto fundamentalmente de la carencia de un debate sustantivo en la materia. En este sentido, resaltan como dos factores de importancia la inexistencia de una clase política comprometida con una reforma estructural de la gestión de la seguridad pública y la inexistencia de una burocracia política especializada que pudiera aportar un contenido sustantivo en esta área de política que superara las meras expresiones electoralistas o las muestras de buena voluntad.
En este marco, sólo pueden detectarse contadas y muy puntuales experiencias de reformas que implicaron un quiebre con dicho paradigma tradicional de gestión de la seguridad pública. Entre ellas, se encuentran la reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires iniciada en 1997 bajo los ejes de descentralización y división de la estructura organizativa en prevención e investigación, la cual ha sufrido varias marchas y contramarchas a lo largo de estos años. Y la implementación de un programa nacional de prevención del delito iniciado en 2001 que ha tenido el mérito de desarrollar una política pública basada en la complejización de los factores asociados al delito y en un abordaje integral de la prevención (social, situacional y participación comunitaria), pero que ha tenido un alcance limitado.
Durante el último gobierno del Presidente Kirchner las políticas de seguridad en Argentina se han caracterizado por la continuidad del patrón histórico antes descrito. Y, aunque el gobierno de Cristina Kirchner lleva pocos meses, no se vislumbra que soplen vientos de cambio. Continuidad, status quo, dejar pasar, y “atajar” hechos de gran notoriedad pública con alguna respuesta puntual parece ser la opción elegida. En este sentido, la seguridad aparece en la agenda gubernamental sólo de manera discursiva.
Pese a este escenario general de inexistencia de un lineamiento estratégico de reforma integral de la política de seguridad, se han producido algunos cambios durante el anterior gobierno. Dichos cambios, aunque han implicado la incorporación de perspectivas de reforma en la gestión de la seguridad, constituyeron hechos aislados del resto del sistema que sigue, mientras tanto, su curso histórico. Entre los cambios que han tenido mayor visibilidad en relación con la gestión de la seguridad a nivel nacional es posible destacar la creación de una nueva policía con jurisdicción en el ámbito aeroportuario (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y la implementación de un plan de desarme ciudadano (Programa Nacional de Entrega de Voluntaria de Armas de Fuego).
La creación del nuevo cuerpo de policía constituyó un cambio relevante en el mapa de las políticas de seguridad en Argentina en tanto se realizó en el marco de un paradigma de modernización policial. Esta policía se distingue del resto de las fuerzas de seguridad nacionales en que los cargos de conducción de la fuerza están en manos de civiles, en que es la única que ha establecido claramente una división entre el área de investigación y el área de prevención, en que ha definido un sistema de escalafón único eliminando la clásica división entre oficialidad y suboficialidad y en que ha proyectado un mecanismo de control policial por fuera del propio cuerpo de policía dependiendo directamente de la Secretaría de Seguridad Interior dentro del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad.
En cuanto al programa de desarme voluntario impulsado desde el Registro Nacional de Armas (RENAR), éste comenzó a implementarse en 2006 con el objetivo de disminuir la violencia armada en el país. La relevancia de este programa está vinculada con la implementación de una política que tiene su eje en la perspectiva de la prevención.
Si bien la implementación de estas reformas en materia de seguridad ha implicado avances importantes, cabe destacar que ambas se han suscitado como respuesta a crisis puntuales. En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ésta fue creada en diciembre de 2004 como consecuencia de la implicación de cargos directivos de la Fuerza Aérea, en ese entonces a cargo de la seguridad aeroportuaria, en el tráfico de drogas. Por su parte, la creación del programa de desarme se produjo en el marco del traspaso del RENAR desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior luego del asesinato de un joven cometido por un usuario de armas en la vía pública en julio de 2006.
Sin embargo, cabe destacar también que aunque ambas iniciativas fueron el resultado de una coyuntura crítica, el gobierno nacional aprovechó la oportunidad brindada por esas coyunturas para desarrollar políticas sustantivas con una perspectiva de reforma. En este sentido, fueron mucho más allá que las más comunes respuestas reactivas que suelen tomarse para salir del atolladero, como el descabezamiento de fuerzas policiales, el pedido de renuncia a algún funcionario de alto nivel, el aumento de la pena para determinado delito o la creación de una dependencia estatal, que no es más que una cáscara vacía con el nombre del problema que ocupó la tapa de los diarios.
Por su parte, el final del gobierno de Néstor Kirchner en 2007 estuvo marcado por un debate central en relación a las fuerzas de seguridad en Argentina: la demanda del traspaso del área de la Policía Federal encargada de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a manos del gobierno de la Ciudad, el cual a diferencia del resto de las provincias no dispone de un cuerpo de policía propio. El debate fue impulsado por el pedido del nuevo Jefe de Gobierno electo, quien colocó al tema de la seguridad como central en su campaña electoral. La reciente negativa del gobierno nacional al traspaso de la policía con sus correspondientes recursos financieros ha llevado a impulsar desde el Gobierno de la Ciudad la creación de un nuevo cuerpo de policía propio.
La continuidad en la tradicional forma de gestionar los asuntos de seguridad siguió prevaleciendo en el comienzo del gobierno de Cristina Kirchner. El cambio más visible ocurrido ha sido el traspaso de las fuerzas de seguridad nacionales desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, aunque dicho cambio tiene mucho de continuidad y no responde a ningún criterio en el abordaje de los temas de seguridad sino que se trata más que nada de una reorganización del organigrama estatal.
Por su parte, luego de las últimas elecciones celebradas a fines de 2007 se han observado cambios, o mejor dicho retrocesos, en algunos de los escenarios provinciales, cuyos gobiernos tienen competencia en los asuntos de seguridad pública. El caso de la Provincia de Buenos Aires es el más destacado en tanto constituye un proceso de reversión de las políticas de seguridad implementadas hasta ahora en dicha Provincia. Esto se debe a que se ha vuelto a colocar la figura de jefe de policía que había sido anteriormente desterrada con el objetivo de acentuar la conducción del ministro de seguridad sobre la policía e impulsar el proceso de descentralización del cuerpo. Asimismo, ha habido indicios sobre la intención de disolver un cuerpo de policía abocado exclusivamente a la prevención del delito (Policía Buenos Aires 2). Y por último, se ha pronunciado en varias ocasiones la necesidad de otorgar más “poder de fuego” a la policía, principio totalmente opuesto al sostenido en la gestión anterior.
En este marco general desalentador, hay algunos aspectos positivos que vale la pena destacar. Pese a que no parece que en la agenda gubernamental haya perspectivas de reforma de las fuerzas de seguridad nacionales, es posible observar cierto consenso respecto a criterios de reformas desde distintos sectores. Pareciera que el escalafón único o el control policial por fuera de las policías han llegado para quedarse en las distintas iniciativas de reformas que se emprendan. En este sentido, por ejemplo, se ha observado recientemente la propuesta de establecer un escalafón único en el proyecto anunciado de creación del nuevo cuerpo de policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, se evidencia que la gestión de los asuntos de seguridad pública no constituye un objeto de reforma estructural para el gobierno nacional. Pues aunque el tema de inseguridad se encuentra claramente posicionado en la agenda pública (tanto de la ciudadanía como de los medios de comunicación), el mismo aparece en la agenda gubernamental solamente en una modalidad reactiva (como respuesta a crisis puntuales) o meramente discursiva (por ejemplo, en los llamados de la presidenta electa a reconstruir la confianza entre las instituciones de seguridad y la sociedad). Estas modalidades son acompañadas a su vez por un discurso que busca disolver las responsabilidades en materia específica de reformas del sistema de seguridad (en las repetidas alusiones a que la problemática de inseguridad no puede ser disociada del modelo económico y de las políticas sociales, de educación y de salud).
La inexistencia de políticas orientadas a producir cambios estructurales en la tradicional forma de gestionar los asuntos relativos a la seguridad pública en Argentina podría entenderse como una ausencia del tema en cuestión dentro de la agenda de gobierno. Sin embargo, es más adecuado interpretar dicha inacción como un posicionamiento político que opta por el status quo, luego de una minuciosa evaluación de costo – beneficio sobre las implicancias de realizar reformas estructurales en la gestión de los asuntos de seguridad pública. En este sentido, por ejemplo, la reticencia a incluir un programa de reforma de las fuerzas de seguridad en la agenda gubernamental evidentemente indica una mayor valoración, por parte del gobierno nacional, de los costos políticos aparejados por este tipo de reformas que del nivel de efectividad a mediano y largo plazo de las mismas para gestionar los asuntos de seguridad.
