El problema de la inseguridad ha cobrado en la Argentina, al igual que en casi toda América Latina, grandes dimensiones en lo que se refiere a preocupación de la ciudadanía. La sociedad desgarrada, con problemas estructurales como la regresiva distribución de la riqueza, la desarticulación del tejido social, el hacinamiento en los cordones de las grandes ciudades, la acelerada polarización social dada en determinados ámbitos urbanos, la crisis de vivienda y servicios básicos han elevado en las últimas décadas las estadísticas delictivas y de violencia interpersonal. Y son los sectores más humildes de la población quienes más sufren la violencia, la muerte, la utilización por parte de las redes de delito complejo y el desamparo del estado.
Si bien en los últimos años, con la recuperación económica, los índices han disminuido, el problema es estructural y parece haber llegado para quedarse.
Los gobiernos de la democracia argentina, que heredaron fuerzas de seguridad que responden a modelos de base autoritaria,no han podido o no han tenido la fuerza de decisión para encarar procesos de reformas profundas de los sistemas institucionales; asimismo, en las zonas más densamente pobladas del país, se han extendido redes de ilegalidad amparadas por la policía y la política.
Las cúpulas policiales han desarrollado un poder sobre los territorios que se ejerció durante años en forma autónoma al de las burocracias civiles de los estados. Se generaron complejos “pactos implícitos” de suma cero en los cuales los poderes políticos provinciales no abordaron la difícil tarea de gobernar la seguridad y delegaron el tema en las policías; éstas garantizan el mantenimiento del delito y la violencia “en cifras estables” a la vez que encuentran en la falta de control (el amparo) político la forma de sostener históricos sistemas de financiamiento ilegal que otrora estaban constituidos por dádivas o la permisividad de determinadas conductas ilegales (juego, prostitución) y que hoy se extendieron a modalidades delictivas más complejas. Es decir que a la vez, las policías constituyeron pactos con sectores del delito que las financiaron a cambio de protección, niveles de impunidad, etc.
Es así que los gobiernos democráticos han fracasado en el desarrollo de políticas que apuntaran a conformar un sistema de seguridad pública con una conducción política civil, que produzca información adecuada sobre la dinámica delictiva en el país, que estructure un sistema policial con eje en la investigación y prevención de los delitos, que genere mecanismos internos y externos a las Fuerzas para combatir el flagelo de la corrupción. Tampoco se ha podido avanzar en una reforma profunda de la justicia criminal.
Las noticias de los últimos meses, con la asunción de las nuevas autoridades en la Nación y en las provincias, no han traído novedades positivas.
En la Provincia de Buenos Aires (la más poblada y desigual del país y con mayores índices de violencia) luego de una anterior gestión que se había propuesto retomar el mando político sobre la institución policial y las políticas en materia de seguridad, asumió como Ministro de Seguridad un hombre proveniente del Poder Judicial. Su política y su discurso han puesto hasta ahora el esfuerzo en eventismos como otorgar más patrulleros y equipamiento para la policía, fraseología mediática del estilo “hay que darle más poder de fuego a la policía” y retrocesos institucionales como recuperar la figura del “jefe policial”. Al mismo tiempo vuelve a propagarse la retórica militar de la “guerra al crimen” y la reconquista del espacio público.
Por su parte, a nivel Nación, la cartera de Seguridad se ha traspasado del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, siendo también desplazado el Ministro a cargo. El nuevo gobierno no ha anunciado a grandes rasgos nuevas políticas respecto de las gestionadas por su antecesor los cuatro años anteriores. El discurso de apertura del período de sesiones 2008 del Congreso de la Nación por parte de la presidenta Cristina Fernández planteó dos ejes fundamentales en lo que a materia de seguridad se refiere. Por un lado la necesidad de encarar la tarea de “reconstrucción de la confianza que tiene que volver a darse entre las instituciones de la seguridad y la sociedad civil, y que es vital para combatir el delito”. Por otro lado insistió nuevamente en el desaliento que sufren “sectores que tienen un fuerte compromiso y una fuerte vocación” ante la falta de resultados en materia de condenatoria. Así planteo la “necesidad de volver a una sociedad de premios y castigos, donde los que delinquen y los que se equivocan sean castigados y no sean luego, a través del artilugio de leyes o de vaya a saber qué, liberados”. También anunció la presidenta, como parte de las “políticas de seguridad” que llevará adelante el gobierno, el envío al Congreso de determinadas leyes para agilizar la instrucción en el proceso penal e impedir la interposición de recursos que la retrasan.
El discurso político vuelve a caer en viejas recetas para una problemática en la cual ya ha quedado demostrado que sin conducción política, sin estrategias definidas que recuperen la confianza de la sociedad y presenten planes de reformas de largo plazo, las políticas publicas quedarán reducidas a lidiar con la conflictividad imperante e intentar mantener estables los márgenes de gobernabilidad del delito.
Toda esta ecuación por la cual al delito se lo debe “combatir” y que las mejores herramientas para hacerlo son mayor rigurosidad penal y mayor “poder de actuación” para las policías no solamente ha quedado relegada a nivel de la producción teórica sino que demostró también su ineficacia a nivel de políticas públicas. Además omite las numerosas formas enque se ha complejizado el delito.
Delitos como el negocio del tráfico y comercialización de drogas ilegales, el tráfico de personas, los asaltos a camiones de transportes de mercancías, el robo de vehículos para su posterior desguace en desarmaderos y la venta ilegal de auto partes conforman hoy algunos de los ejes de desarrollo del delito complejo y evidentemente no tendrán por solución a las fuertes voces que reclaman la“guerra” al crimen a través de la saturación policial con el objetivo de reestablecer el “orden” perdido. Mucho menos problemáticas de más difícil abordaje aun como la seguridad privada y el negocio lucrativo que se ha formado alrededor de ella (mercados de la inseguridad).
Las políticas de seguridad se encuentran en un punto de inflexión puesto que ya los especialistas advierten que el esquema de pacto policía-política-delito no puede sostenerse pero a la vez no se han logrado constituir nuevos sistemas en base a un modelo democrático de gobierno civil de la Seguridad.
Es entonces la hora de la generación de reformas profundas y de largo alcance, que permitan desarrollar estrategias de largo plazo para la construcción de políticas públicas. El Ministerio encargado de la Seguridad Pública debe tener el poder de planificación de funciones específicas que tradicionalmente estuvieron en manos de las agencias policiales.
Las políticas actuales están dejando afuera puntos clave. Se vuelve imperiosa la modernización de los sistemas policiales, mejorando la capacitación y entrenamiento de los agentes pero también con políticas activas para transformar los habitus institucionales de las fuerzas; debe trabajarse fuertemente para el cambio en tradiciones de verticalismo, corporativismo y autoritarismo como caracteres claves del desempeño interno de las policías. Terminar con el proceso de policización (1) será de suma importancia para generar nuevas policías cercanas a la comunidad que aborden en forma democrática la conflictividad. En este sentido la creación de fuertes mecanismos de control interno y externo sobre las relaciones entre los miembros de las fuerzas, la jerarquización de la carrera policial y la apertura del debate sobre la sindicalización del personal son solo algunas de las herramientas que deben ponerse en cuestión.
Asimismo, se presenta la necesidad de descentralizar, en las grandes provincias argentinas, estructuras policiales hoy elefantiásicas con supuestos mandos únicos verticalizados y avanzar hacia la creación de policías municipales con mayor control de la comunidad sobre su conducción. Estas policías de proximidad permitirían abordajes más complejos con la posibilidad de adaptarse a la complejidad criminal de cada territorio, a los modos culturales, etc.
La recolección de información y la producción de inteligencia criminal para la investigación y prevención de los delitos es una actividad específica hoy debilitada por completo por la ausencia de una Agencia Federal de Investigaciones que se encargue específicamente del tema. Esta es otra de las deudas pendientes en el debate de la seguridad.
Tampoco existen hoy planes de largo plazo para la difícil problemática de la expansión de las empresas de seguridad privada y los servicios que estas ofrecen Se han conformado verdaderos mercados con escasa intervención estatal en los cuales el negocio para muchas empresas es el crecimiento de la inseguridad para expandir sus servicios. Sin una aguda intervención del estado en la regulación de este mercado se seguirán causando daños que en modo alguno podrán solucionarse con la mera “actuación policial”.
Otra política pública que debiera impulsarse para comenzar un cambio cualitativo en las estrategias de gobierno de la Seguridad Pública es la puesta en marcha de un verdadero Plan Nacional de Prevención del Delito, el cual está desde hace años diseñado por el Ministerio de Justicia pero que no cuenta con enérgica aplicación. Este Plan, que trabaja en territorios con jóvenes vulnerables en conflicto con la ley penal, pretende asumir la complejidad de los procesos que llevan al individuo a la comisión de un delito y es así que apunta al trabajo focalizado sobre las causas que inducen al mismo.
Hay otros temas que se encuentran en debate en Argentina. Algunos, incluso, de dificultad técnica como el traspaso de la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que actualmente no tiene su propia policía y es la Policía Federal la que cumple tareas de policía de calle). Pero estos temas constituirían una base fundamental para un salto cualitativo en materia de gobierno de la seguridad, atacando los verdaderos problemas con eficiencia y gestionando la conflictividad en un marco democrático sin caer en soluciones abusivas o autoritarias.
(1)“Se denomina policización al proceso de selección, entrenamiento y condicionamiento institucional al que se somete al personal de operadores de las agencias policiales. (…), también la policización es un proceso de asimilación institucional, violatorio de derechos humanos y tan selectivo como la criminalización y la victimización” (Zaffaroni-Alagia-Slokar)
