¿La prevención resuelve sola los problemas de seguridad? Sus contornos difusos se entremezclan con los del control y nos hacen convivir en un diálogo inacabado de posibilidades, crítico y permanente, en una relación no dicotómica con otros elementos. Las soluciones de seguridad no pasan sólo por la prevención y el control, que no dejan de soltarse las manos, concurre la modernización que dignifica y democratiza a la Institución y a la función policial. Aquí un ejemplo.

- Hello Tony, you remember me?

- Bernstein right, Narcotics, Mel Bernstein, cierto?, contesta Montana. (Después de entregarle una cifra muy alta escrita en una servilleta, continúa el oficial Mel). Esta es una base –dice Bernstein- Te decimos que movimientos existen en contra tuyo. Si hay que agitar a algunos sacudimos hasta abajo. Tengo ocho policías con insignia que trabajan conmigo. Cuando golpeo duele y la misma cosa funciona a la inversa, si alguno de tus vaqueros se quiere independizar nos lo dejas saber porque eso siempre se ve bien en el expediente (...)

(Antonio “Tony” Montana y Mel Bernstein dialogan en Scarface, 1983; de Brian de Palma)

Primer Acto: Aquella tarde remota en que lo llevaron a conocer el hielo.

En lo que va del año, la policía peruana ha incautado algo así como diez toneladas, entre Clorhidrato de Cocaína y pasta básica de cocaína (PBC). La cifra supera largamente la historia de los años recientes. Estos resultados han servido para que la Institución presente como exitosas sus políticas antidrogas. Pero cuidado, la fórmula causal de más droga incautada mejor desempeño policial, no es del todo cierta. Entonces, surge la interrogante, que no es nueva, ¿Estaremos produciendo mucho más que antes?

En la década de los 80s e inicios de los 90s Perú exportaba por aviónPBC a Colombia para transformarse luego en Clorhidrato de Cocaína y reexportarlo a Estados Unidos. El primer Estado consumidor es abastecido, todavía, vía México, por medio de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sectores con una sólida y continua presencia del PRI.

Pero el tiempo no pasa en vano y actualmente Perú ya no sólo produce, sino que también exporta cocaína, en donde operan varios carteles mexicanos y colombianos -como en Guatemala- con innumerables agencias nacionales alrededor del negocio.

El tema cobra vital importancia para el sistema de seguridad Pública de Perú, que debe enfrentar una doble vía: (i) Las rutas de elaboración y exportación, desde la arroba (11,5 kilos de hoja de coca a 70 USD, aprox.) o campesinos que maceran fácilmente la hoja convirtiéndola en PBC, compradas luego por intermediarios o fleteros de las denominadas “firmas”, en algunos casos estos inician el tratamiento químico para refinarlas, pero principalmente lo hacen las firmas con redes de mercado más extendidas; y, (ii) Las rutas de comercio interno. En dónde el producto terminado tiene más bien un destino final visible

Como principio del libre acceso, estos vehículos requieren de concesionarios que les reduzcan los costos de transacción y garanticen que el producto llegue a su destino final. Más aún cuando el recorrido deja huellas al lavar activos.

El escenario es multidimensional, el narcotráfico arriba de la mano con la corrupción y la violencia. En el 2005, una denuncia periodística, de poco éxito, presentó evidencias de que el Director del órgano encargado de liderar la lucha en contra de las drogas, tenía en su terreno, vecino al de un capo del narcotráfico, una pista de aterrizaje no declarada. Recientemente, la fallecida Fiscal de la Nación, puso innumerables trabas a los fiscales que trabajaban contra las agencias vinculadas a la droga; y, en una acera cercana, a inicios de este año, el Comisario de La Mar (espectro de la ruta de exportación) fue detenido transportando 30 kilos de cocaína – en la misma semana que un carabinero - en Chile - era detenido por acompañar a otros fleteros que iban desde el norte del país hacia Santiago cargando kilos de coca; al comisario de Quinua, volviendo a Perú, lo detienen traficando; la misma suerte tuvieron ex policías, que en contacto con otros en actividad, asaltan a los intermediarios y revenden la droga. El atentado último a una comisaría del VRAE (Valle del Río Apurimac), tiene toda la simbología de un ajuste de cuentas, más aun cuando después se descubre que requisaron un cargamento del que hubo faltantes.

Segundo acto: Congelando Policías.

El narcotráfico y su secuela de corrupción esperan cooptar a la Institución policial para maximizar sus fines. En Venezuela, por ejemplo, se habla de “elcartel de los soles”, en alusión a las insignias que llevan los militares, que cumpliendo la lógica descrita garantizaría el paso de la coca.

El Perú diagnostica, a inicios del año 2002, una corrupción sistémica, esto quiere decir, que el poder se instrumentaliza para abusar del Estado a través de una red delincuencial. Todas las bisagras del Estado quedaron resentidas. En la policía se encontraron diversas formas de corrupción: (i) Aprovechamiento de los Fondos de vivienda, fondos de pensiones y de los equipos de funcionamiento operativo; (ii) Mal manejo de las medicinas que adquiere el Fondo de Salud Policial; (iii) Apropiación del dinero para la alimentación de servidores que cumplen tareas acuarteladas; (iv) Compras por adjudicación directa o invitación; (v) Procesos disciplinarios; y (vi) Coima callejera, en donde no hay corrupto sin corruptor y viceversa, lo que afecta la confianza y el respeto externo por la Institución.

La Institución funciona a espaldas de la dignidad del funcionario público, tanto para con su vida privada como para su desempeño. El Estado debe dignificar la función del policía. En opinión de ellos, la lucha contra la corrupción y el abuso es el principal aspecto a ser mejorado al interior de la Institución (2001); al trasladar esta interrogante a los ciudadanos, casi el 50% considera que depurar a los corruptos es la tarea más importante en la reestructuración policial.

En una situación excepcional se crea la Defensoría del Policía (2002), que nace para proteger los derechos humanos dentro del Ministerio del Interior y de la Policía, lamentablemente se desliza cuesta abajo en la contrarreforma, se abandonan las estadísticas y las jefaturas pierden liderazgo.

Tercer Acto: Una hoja, pero de ruta.

En el año 2003, más de 600 policías tomaron el control de las principales ciudades y carreteras del valle del Monzón, al tiempo que efectivos anti drogas destruían pozas de maceración y otros de protección vehicular recuperaban coches robados en Lima, los que transitaban libremente en el oriente.

La operación debía continuar con la instalación de una base que nunca se concretó. El ejemplo fue bueno, saturar la zona con fuerza pública y realizar operativos coordinados. A esta operación debieron seguir compromisos permanentes con los gobiernos autónomos de carácter regional, principales encargados del desarrollo concertado y planificado de sus jurisdicciones, y junto al Estado Nacional planificar y activar programas intersectoriales, transversales y coordinados – los tres distintos- extendidos por el Estado oficial que anda mirando el mar.

La arquitectura normativa existe y no es diferente a lo que pretende Chile con el futuro Sistema de Seguridad Pública ni México con el mismo sistema coordinador. Los comités regionales, Provinciales y Distritales de seguridad ciudadana pueden y deben identificar los problemas, sumar esfuerzos con la policía, el Ministerio Público y la judicatura, que también integran estos comités, y construir cadenas de inteligencia que ataquen ambas rutas del narcotráfico. En ellas se piensa y actúa en función de la prevención y el control que, viviendo en el péndulo del Sistema de Seguridad Ciudadana, no deja de tener zonas grises y compartidas.

En México como en Colombia, la participación militar en la lucha contra las drogas esta presente y resulta compleja, más en México en donde la dependencia –pese a los esfuerzos del ejecutivo- es a nivel de gobierno mientras que en Colombia, es una sola dependiente del sector Defensa. En Perú la presencia militar debe restringirse. Principalmente, porque hay zonas cocaleras que siguen en estado de emergencia y bajo el mando de las FFAA, es decir, comparten poder político y, además, han dado sobradas muestras de colusión con el narcotráfico. El fenómeno descrito se ataca con poder de fuego, si, pero no exclusiva ni fundamentalmente, sino que a través de labores de reestructuración e inteligencia, en ambas rutas, una suma ya descrita de investigación, conocimiento y experiencia.

La hoja de ruta debería incluir aristas integrales, por un lado, el compromiso político de un plan nacional de probidad y lucha contra la corrupción; y a nivel Institucional, el liderazgo político Ministerial para reabrir el proceso de dignificación policial; perfeccionar las alianzas internacionales; el ENTRENAMIENTO; la reinstalación de la Oficina de Asuntos Internos con carácter mixto, integrando a civiles, mejorando la fiscalización financiera y los compromisos “públicos” con autoridades políticas de los distintos niveles subnacionales, con la finalidad de concertar políticas y discutir, reflexivamente, respecto a lo que se considera droga y su impacto.

A nivel ciudadano, lo alternativo y novedoso, sería involucrar a abogados, fiscales, jueces, policías, periodistas y profesionales interesados, que fácticamente entreguen sus especialidades para llevar a cabo tareas que reduzcan el costo de iniciar las denuncias.

Santiago de Chile, 4 de Abril de 2008.