Hasta la década de los años 90', Bolivia se jactaba de ser un país con los menores índices de criminalidad de América Latina. Infortunadamente, ahora no se puede decir lo mismo, hoy por hoy, los índices de criminalidad han aumentado considerablemente, esto se refleja en las estadísticas policiales.
En el transcurso del periodo 1990-2001 los índices de delitos se multiplicaron en un 360%. Paralelamente al incremento de la criminalidad, aumentaron los gastos en seguridad ciudadana de forma desproporcionada, en un 340%, más que en salud. No obstante, Bolivia por un largo periodo no tuvo políticas de seguridad pública y recién a mediados de los 90' se hicieron algunos esbozos de política pública en materia de seguridad.

En este periodo democrático los gobiernos de turno poco o nada hicieron por encarar políticas de seguridad ciudadana de manera planificada, organizada y coordinada con los problemas de inseguridad y violencia urbana, así como para cambiar las viejas estructuras de seguridad y del orden público. Las políticas de seguridad se establecieron y se sostuvieron sobre programas con profusas incoherencias institucionales.

A continuación detallamos los planes de seguridad ciudadana:

- 1997 Plan de Seguridad y Protección Ciudadana; Por la familia.
- 1998 Relanzamiento del primer Plan.
- 1999 Plan de Participación Comunitaria.
- 2000 Plan Ciudadela; Militarización de la seguridad ciudadana.
- 2001 Plan Tranquilidad (15.339 efectivos policiales y las FFAA. 9.082)
- 2002 Programa de Vigilancia Participativa (con la contratación eventual de vigilantes barriales)
- 2002 Plan de emergencia de seguridad ciudadana (Relanzamiento)
- 2003 Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Estos programas procedentes del Estado siempre tuvieron objetivos a corto plazo, "medidas aspirinas" o "soluciones parches"; con el fin de reducir los niveles de violencia y criminalidad, fenómeno que iba afectando la gobernabilidad de los gobiernos de turno.

La crisis de gobernabilidad política que atravesó Bolivia (con sucesivos cambios de gobiernos) afectó extraordinariamente los programas de seguridad ciudadana, fundamentalmente por su poco sustento, lo que a la larga generó un debilitamiento de estos o simplemente se substituyeron por otros. En ese marco, hubo dificultades de trazar planes y programas de seguridad desde una visión integral; por ejemplo, durante los tres últimos gobiernos -hubieron cinco presidentes sucesivos en Bolivia- las políticas se orientaron hacia una visión represiva caracterizada por el orden público, la que transitó hacia una policialización de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Esta situación no sólo se puede entender en el contexto de las deficiencias de las políticas de seguridad, sino también, a partir del poco compromiso institucional de la Policía Nacional, puesto que se erigen como anacrónicas para el sostenimiento y desarrollo de ese horizonte democrático de seguridad ciudadana, principalmente por las actitudes autoritarias y tradicionales, situación que socavó la legitimidad de la institución del "verde olivo".

En Bolivia el tema de la seguridad ciudadana adquirió una importancia trascendental debido al aumento de las experiencias personales y familiares de victimización (objetiva y subjetiva); referida al conjunto de hechos cotidianos de violencia, atentados a la vida humana, al patrimonio y a otras prácticas delictivas como secuestros, extorsión y actos contra la libertad sexual, los cuales han ido afectando la calidad de vida de la población, manteniendo en muchos casos angustia entre los habitantes de un barrio, de una ciudad e incluso del país mismo.

En virtud del "clima de inseguridad ciudadana" el Gobierno de Banzer-Quiroga creó una instancia encargada de delinear y dinamizar las políticas de seguridad mediante el Decreto Supremo N° 25676 del 11 de Febrero del 2000, donde se crea la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Bajo la Dependencia del Viceministerio de Régimen Interior, con el objeto de planificar acciones operativas con la Policía Nacional y coordinar con prefecturas de Departamentos, Municipios y la sociedad civil, las acciones integrales de seguridad ciudadana.

Esta ha sido una de las acciones más razonables que se tomaron ante la inexistencia de una instancia de planificación estratégica de política pública sobre asuntos de seguridad. Sin embargo, el Gobierno de Evo Morales asumió con una mayor responsabilidad el tema de la seguridad ciudadana, por un compromiso electoral, elevando a rango de Viceministerio de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en marzo de 2006 a través del D.S. Nº 28631.
En la actualidad, el tema de la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno más de los problemas a resolver por el Estado, en tanto, que se convirtió en una demanda ciudadana después del desempleo. Es más, en las últimas elecciones generales (nacionales, departamentales y municipales) el tema se agendó en el marco de las ofertas políticas. Las propuestas de los políticos -en carrera electoral- giraron en torno a medidas situacionales y estructurales. Hay quienes proponían una visión represiva de mayor "mano dura" contra la delincuencia ligada al papel de la Policía como principal componente de represión. Sin embargo, algunos candidatos se inclinaban por una democratización de la seguridad ciudadana entre el Estado y la sociedad. Otros, planteaban una política integral y efectiva de seguridad ciudadana que se desarrollara con la participación de las instituciones estatales, privadas y la sociedad civil; cada una de éstas propuestas presentaba ciertos matices represivos.

De esta manera, se ponen de manifiesto las medidas que se toman en torno al tema de la (in)seguridad ciudadana. En ese sentido, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada recurrió a la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley N° 2494) del 4 de Agosto de 2003. Con ello sea crea el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público encargado de planificar "planes maestros" para reducir la ola delictiva en los diferentes departamentos del país.

Bajo esa perspectiva los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, se han insertado en el Plan Nacional de Desarrollo de los últimos gobiernos. Donde la Ley 2494 descentraliza responsabilidades y obligaciones de seguridad ciudadana también a niveles Departamentales y Municipales. Asimismo, en el gobierno de Carlos D. Mesa se reglamenta la ley 2494 mediante el D.S. Nº 27571, donde se establecen competencias y financiamiento en los niveles de gobierno. En tanto, que en el Gobierno de Evo Morales se modifica el D.S. 28233 referido al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que distribuye los recursos por ingresos de venta de gas para seguridad ciudadana de manera proporcional (en los diferentes niveles de gobierno); con el propósito de equipar a la policía, con la construcción de módulos policiales, entre otros, y de esta forma contribuir a la seguridad ciudadana.

Estas son las substanciales características de los planes de seguridad ciudadana implementados en los distintos gobiernos con el fin de reducir la "ola delictiva" en el país y en las ciudades. Los programas y planes nacionales, departamentales, municipales, han sido insuficientes lo que ha impedido encarar de mejor manera 'la lucha' contra la delincuencia y el crimen organizado, sea para prevenir, disuadir o reprimir. Lamentablemente, la seguridad ciudadana sigue siendo un asunto pendiente de 'política pública'.

Usualmente las políticas públicas en seguridad giran en torno a medidas ya conocidas, como la "policialización", las que en el fondo son "replicas exactas" de los planes de seguridad ciudadana lanzados y relanzados por los anteriores gobiernos de turno. Donde la sociedad no participa, ni interviene en la elaboración de las políticas. El plan piloto de "Policía Comunitaria" en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz sobresale como expresión "novedosa" en la forma de encarar la problemática de seguridad ciudadana a través de la relación policía-sociedad, experiencia policial que va dando resultados en distintas ciudades de América Latina. Pero, este sistema policial, no se ha extendido y la sociedad no se ha apropiado de esa labor policial, pues se sigue considerando algo ajeno a su seguridad.

En definitiva, la seguridad ciudadana en Bolivia siempre se ha sostenido sobre intentos fallidos de reforma policial. En esa medida, las políticas democráticas de seguridad ciudadana no crean un 'valor público' porque estas carecen de voluntad política, institucional y social, independientemente de que se esgrima que la "seguridad es tarea de todos". La relación policía-sociedad a lo largo del periodo democrático se ha deteriorado por distintos factores. Por su falta de independencia y por convertirse en el apéndice del sistema político con relaciones de tipo prebendar con los distintos gobiernos de turno, incidiendo de manera marginal en las tareas de seguridad ciudadana.

Bajo este contexto se hace cada vez más difícil establecer una verdadera política de seguridad ciudadana, puesto que aún, la seguridad ciudadana se sigue sustentando sobre una base de seguridad policial. El componente de participación social no estuvo y no está presente en los lineamientos de política pública, los que sólo retóricamente reconocen la participación de la sociedad. Usualmente los órganos represivos son quienes han monopolizado la "seguritización" de la sociedad mediante la cooptación de unidades, departamentos o direcciones de seguridad ciudadana en prefecturas y municipios.

En términos generales, el temor y la inseguridad ciudadana se siguen manteniendo de manera invariable por el colapso de las reformas. La reforma policial fracasa categóricamente, el sistema judicial no acompaña la labor policial lo que lleva a la impunidad. En tanto que, en el sistema carcelario no se hacen reformas profundas. Los centros de reclusión siguen siendo los espacios de depósito de los "indeseables" en los que existe un gran hacinamiento y retardación de justicia, la que alcanza al 75% de reclusos sin sentencia condenatoria. Por lo que, nos encontramos ante una asimetría institucional en la administración de la justicia y la seguridad.

En algunos casos, el panorama de "inseguridad ciudadana" ha generado una fuerte presión social para que el Estado asuma de manera más efectiva su papel proveedor de seguridad pública desde una perspectiva más represiva; en otras palabras, una mayor "mano dura" contra la violencia criminal y delictiva que a la larga puede afectar el propio Estado de derecho. Las consecuencias de la situación ha llevado a que reducidos grupos opten por tomar "justicia por mano propia", lo que se concreta en linchamientos a "ladrones", siendo socialmente más aceptado, lo que se hace cada vez más común y "normal" en los barrios urbano-marginales. Así como la aparición del servicio privado de seguridad. La disposición de este tipo de servicio se ha vuelto en un hecho frecuente en estos últimos años, en desmedro de la propia función policial.

Por tanto, la seguridad ciudadana es un tema de carácter público y político que afecta al conjunto de la vida social. Es un tema de convivencia, que tiene que ver con la reproducción cotidiana de los individuos y, por ende, su "intervención" es de carácter multidimensional, por lo que debe ser enfrentada dentro de ese marco.

Ver más opiniones | Volver arriba