Trabajar por prevenir el delito y la violencia presenta una serie de dificultades que eventualmente pueden concitar frustraciones y retrocesos y convertir el trabajo en una tarea ingrata, a pesar de las retribuciones que ella implica con los beneficiarios directos de proyectos locales.

La Seguridad Ciudadana es más que la relativa ausencia de delitos, es un círculo virtuoso donde un estado de convivencia respetuosa entre los habitantes, genera un sentimiento de seguridad que aumenta las posibilidades de que sea la misma comunidad la que se movilice en pro de mejorar su seguridad. Sin embargo, mientras la seguridad trae consigo mayor seguridad, la inseguridad trae consigo mayor inseguridad; un único evento violento puede echar por tierra el trabajo de años. En este sentido, la seguridad es una situación de equilibrio muy precario, donde la precariedad de la pobreza (objetiva y subjetiva) potencia lo anterior.

También existe una relación circular viciosa entre las incivilidades, el temor y la delincuencia. Las incivilidades según la tradición francesa criminológica, son todas aquellas conductas que tienen por efecto la transgresión de las normas de convivencia en la vía pública y otras cuestiones que no están escritas pero cuyo acatamiento es necesario para nuestra cotidianeidad (por ejemplo, desórdenes físicos, malos tratos a la propiedad pública, empujones e insultos). La inseguridad pone de manifiesto la importancia de la cuestión de la civilidad: aquellas reglas prescriptivas (que ordenan) y proscriptivas (que prohíben) de los comportamientos de la vida cotidiana. La delincuencia, por su parte, desmoraliza a la sociedad y pone en jaque la convivencia, puesto que es un daño intencional de unos sobre otros (distinto de lo que sería por ejemplo, un desastre natural). En este sentido, las incivilidades aumentan el temor y se convierten en el punto de partida de la delincuencia, a partir de la transgresión y la impunidad. O sea, circulo vicioso.

Siguiendo lo anterior, trabajar en pos de la seguridad, no es sólo una tarea necesaria para aliviar el sistema penal, sino que es fundamental para asegurar la persistencia de las normas de convivencia. Además actuar sobre el daño es indudablemente menos efectivo en términos económicos: diariamente un preso en Chile cuesta entre $ 6.500 (10 USD) y $ 21.000 (35 USD), según datos de FLACSO-Chile.

No obstante, y a pesar de los esfuerzos, aún subsiste la pregunta acerca de cómo hacer justicia con respecto al amplio y arduo trabajo que se realiza a nivel local en esta materia. En cuanto al seguimiento y las evaluaciones, elementos muy necesarios dentro de una política pública, plan o proyecto, desgraciadamente no existe un consenso sobre qué parámetros se deben usar para evaluar sus impactos.

Una alternativa es evaluar a través de "indicadores duros", con estadísticas policiales (denuncias y detenciones) y encuestas de victimización. Otra posibilidad son los "indicadores blandos", reflejados en la percepción de inseguridad y el temor. Por último están los "indicadores de las variables intervinientes", representadas por la confianza en las instituciones, la cohesión social, el control social informal, la efectividad colectiva, la organización y la movilización de los vecinos.

Asimismo las definiciones de qué entendemos por "prevención del delito" también presentan ciertas dificultades, como por ejemplo diferenciar aquello que es prevención comunitaria del delito de aquello que no. De este modo surgen algunas tales como: ¿Sobre qué tipo de indicadores le corresponde influir? ¿Cuáles son sus sentidos y objetivos primordiales?, ¿Donde hay que fijar los límites de acción?, ¿Para qué sirve efectivamente?, ¿En qué ámbitos le corresponde a los actores de la sociedad civil participar si hablamos de iniciativas de política pública social de largo alcance? Ya que la participación no debe reemplazar las tareas de Estado, ¿en qué medida la prevención del delito (en toda su amplitud) es una responsabilidad de Estado y hasta donde de las personas?

Estos cuestionamientos han derivado en un debate entre dos polos, organizado en torno a valores supuestamente opuestos, lo que produce un diálogo de sordos; ambos dicen defender el bien común (la democracia, por ejemplo), poniendo énfasis ya sea en el bienestar del individuo o bien en el funcionamiento de las estructuras sociales.

Por una parte se encuentra el individuo, donde la responsabilidad central está en el sujeto que comete las infracciones. Siguiendo esta línea, la sociedad es vista como permisiva con el delincuente desprotegiendo a las víctimas. Por lo tanto, se piensa que es necesario aumentar las penas y disminuir las garantías.

Por otra parte esta la sociedad, donde la justificación del delito y la violencia estarían dadas por la noción de que es la sociedad la que empuja al individuo al crimen, siendo la pobreza y la injusticia social, las causas últimas del problema. Por lo tanto, la solución correspondería a construir una sociedad justa para acabar con el problema.

El estado actual del debate se inclina por privilegiar las lógicas economicistas: es decir, a menor gasto, mayor impacto; lo que levanta las evaluaciones ex ante, costo/beneficio, costo efectividad como el paradigma de la evaluación.

Los Modelos de Evaluación
El modelo basado en la evidencia, "evidence- based", tomado de la salud pública, en Inglaterra aproximadamente en los años 1970s, describe prácticas cuya efectividad han sido medidas bajo estándares científicos de evaluación empírica. Lo que se busca es definir las políticas públicas sobre la base de la mejor evidencia disponible y no en base a suposiciones, intuiciones o sentido común.

La noción de "Qué funciona, qué no y qué es prometedor" ("What Works, What doesn´t and what's promising"), de EEUU, elaborado a partir del Informe Sherman en 1997 al Congreso, trata acerca de la eficacia del gasto en control y prevención del delito, a través de evaluaciones independientes y el uso de metodologías científicas, especialmente experimentales.

En este contexto la tarea es ingrata para los operadores civiles del sistema de seguridad (Ministerios, Municipios, Gobiernos locales, profesionales que prestan servicios a instituciones gubernamentales, no gubernamentales y centros académicos que ejecutan intervenciones modeladas, entre otros), ya que no disponemos de los estudios para probar su efectividad en el contexto nacional bajo los parámetros de las evaluaciones economicistas que miden sobre los indicadores duros.

Los resultados "netos" en dinero son mezquinos pero no lo son necesariamente en resultados sustantivos: ¿qué precio tiene "salvar" a un joven de ingresar a una carrera delictual sin retorno?

Cuando los números no dan surge la impotencia, el desánimo, el pesimismo, temas que abundan en la literatura actual. Por ello, y no sólo debido a la dificultad numérica, sino también por los desafíos éticos, la discusión sobre la prevención del delito y la violencia debe trasladarse a un plano valórico; "quién no crea en el valor ético de la prevención, debería dejarle espacio a quienes sí tienen convicción al respecto.

Entonces, la prevención se entiende como una tarea de gobernabilidad necesaria donde las autoridades locales (alcaldes y funcionarios municipales) tienen un amplio espectro de acciones en nombre de la calidad de vida de los habitantes de la comuna, distrito, zonas, etc. Ello debiera enmarcarse en políticas gubernamentales serias y de largo plazo, dando lugar a una amplia campaña que aúne consensos políticos que sobrepasen las administraciones vigentes.

Los vecinos (organizados) tienen la responsabilidad de ejercer sus derechos y obligaciones y de ser considerados como actores legítimos en términos de sus propuestas y, en algunas ocasiones, también en la ejecución. Es importante tener presente que la participación no resuelve todo. Por su parte, al gobierno central le cabe generar estrategias descentralizadas en su justa medida, cautelando la calidad de las intervenciones y el buen uso de los recursos pero con la flexibilidad necesaria.

En síntesis, es posible afirmar que a pesar de lo mezquino que puedan parecer los impactos de la prevención, están disponibles los argumentos técnicos, económicos y valóricos para hacer de ésta una tarea necesaria, reconociendo los niveles de responsabilidad de cada uno de los atores involucrados.

En este contexto, lo importante son las preguntas y no las respuestas: ¿hasta qué punto es la prevención, desde la institución que nos compete, una tarea necesaria y/o prioritaria?

Si lo es, ¿con qué argumentos? ¿A partir de qué tipo de argumentos toman su fuerza de convicción?

¿Creen en la prevención? Si no, ¿a qué se debe? ¿A la falta de dominio técnico del tema (evaluaciones incluidas)? ¿A la falta de convicción en la prevención? ¿A otros factores externos (coyunturas políticas; presupuesto; otros?. La respuesta probablemente será un híbrido, sin embargo, insisto lo importante son los cuestionamientos que nos permiten avanzar en la construcción de una sociedad sin miedo al otro.

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