La constatación de que cada día más niños, niñas y jóvenes de sectores empobrecidos se ven insertos en bandas de crimen organizado, es compartida a lo largo de la región. Titulares de diversas fuentes así como informes nacionales y regionales ven con preocupación este fenómeno, advirtiendo a las autoridades públicas sobre la necesidad de producir nuevas estrategias, que superen las limitadas soluciones que ofrecen los centros de reclusión para jóvenes en conflicto con la ley, o la reducción de edad penal. 

Aunque esta percepción debe ser analizada dentro de cada contexto, para evitar conclusiones pasajeras y generalizadoras. Existe una literatura emergente, que muestra cómo en países como Brasil, Colombia, México y algunos de Centro América estas prácticas se han acelerado,  aumentando el número de jóvenes relacionados a bandas criminales, y estimando entre los 12 y 13 años la edad promedio de vinculación (Dowdney,  2005; Llorente, Chaux y Salas, 2005; Morales, 2008).   

La afiliación a estas bandas criminales constituye un factor de riesgo inmediato en la vida de estos menores, aumentando sus posibilidades de ser víctimas de un acto violento o incluso de morir antes de cumplir la mayoría de edad.  Las estadísticas de homicidios muestran, al contrario de lo que algunos creen, que en la región los jóvenes son los protagonistas y las principales víctimas de la violencia urbana, ya sea por causa de aquella ejercida entre ellos mismos (defensa del territorio, control del tráfico, ritos de iniciación, represalias, etc.), o por causa de aquella proveniente de medidas represivas  y/o de “limpieza social” ejecutada por algunos Estados o grupos paramilitares.

Esta constatación debiera invitar a abolir la fuerte tendencia, resultado de una arraigada visión “adultocéntrica”, de ver a los jóvenes como una amenaza para el resto de la sociedad y como los culpables de gran parte de los crímenes que se cometen en el territorio. Esta profunda matriz cultural impulsa una visión sobre la juventud como etapa de transición a ser superada, que debiera encaminar hacia lo correcto y valorado socialmente, lo  que queda representado en la imagen de “la adultez”. Impidiendo de esta forma que las políticas escuchen a los jóvenes y entiendan sus problemáticas en un tiempo presente.

Desde esta línea se debe partir en la búsqueda de una solución democrática, integral y duradera. Que supere cualquier intento de propuesta que criminalice a este grupo social, ya que esto fortalece las situaciones de precariedad y exclusión las que conducen muchas veces a la vinculación a bandas criminales. Cómo expresa claramente Naciones Unidas en las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD, 1990) “Se debe avanzar hacia la elaboración de medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. Las políticas y medidas de esta índole deberán incluir: 1. Creación de oportunidades, en particular educativas 2. Reducción de los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de infracciones 3. Intervención oficial guiada por la justicia y equidad, cuya finalidad primordial sea velar por los intereses generales de los jóvenes 4. Protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de los jóvenes 5. El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento 6. La conciencia de que según, la opinión de expertos, calificar a un joven de “extraviado”, “delincuente” o “predelincuente” a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable. 

El Contexto: Factores de riesgos que inciden en el involucramiento de jóvenes a bandas criminales

La población juvenil (entre 15 y 29 años) en Latinoamérica y el Caribe representa alrededor del 28% del total de habitantes (Tejeda y Vânia, 2008), con aproximadamente 140 millones de jóvenes. De este porcentaje cerca del 41% (58 millones) vivía bajo la línea de la pobreza en el 2002, mientras 15% (21 millones aprox.) se encontraban bajo la línea de la indigencia para ese año (Sen y Kliksberg, 2007).  Un factor que reproduce esta condición es la baja tasa de escolaridad que alcanzan en promedio los jóvenes latinoamericanos, según datos de la CEPAL (2007), tienen secundaria completa solo el 34,8% de los jóvenes de entre 20 y 24 años. En el año 1999 sólo el 33,6% de la población juvenil tenía más de 10 años de escolaridad, el 40,3% tenía de 6 a 9 años, y el 24,3% de 0 a 5 años (Sen y Kliksberg, 2007). Por otro lado las tasa de desempleo para ese sector de la población es 5 veces mayor a la de los adultos de más de 45 años, llegando a un promedio de desempleo de 26,1% (2002) para el quintil más pobre (Sen y Kliksberg, 2007).

Este circuito de exclusión y desigualdad genera frustraciones y un sentimiento constante de expulsión de la sociedad. Esta sensación de abandono combinada con otros factores de riesgos, como familias disfuncionales y con escasa supervisión parental, historiales de violencia, drogadicción y alcoholismo, pares involucrados en actos ilícitos, carencias económicas, etc. son la antesala para que muchos jóvenes terminen finalmente involucrados con redes criminales.

Un extenso estudio liderado por el antropólogo inglés Luke Dowdney (2005) analiza en base a  relatos entregados por los propios jóvenes insertos en bandas criminales, cuáles fueron las principales motivaciones y factores de riesgos que llevaron a estos jóvenes a involucrase en estas bandas. El resumen de estas motivaciones y las expectativas queda bien representado en el siguiente cuadro.

Una de las constataciones que se deprende de dicho estudio, es la inexistencia de un sistema de protección social cercano a estos sujetos (más allá de las instituciones tradicionales como la familia, la escuela, la iglesia, y otras) capaz de ser una opción real, cercana y elocuente para suplir dichas carencias, y competir con las “expectativas” que en un principio estas redes de crimen parecen ofrecer a estos niños, niñas y jóvenes.    
  
Políticas de abordaje

Aunque no existe una receta generalizada para el enfrentamiento de esta temática. La experiencia Latinoamericana ha demostrado la existencia de buenas prácticas en el abordaje de este problema, mientras que ha desmentido la eficacia de otras, ampliamente señaladas en el debate público. 
    
La mano dura no reduce el problema, lo incrementa.

Políticas orientadas exclusivamente hacia la represión de estos grupos, han demostrado ser nefastas, contribuyendo incluso a aumentar los actos de violencia y homicidios. Programas implementados en Centroamérica bajo el nombre de “mano dura” solo han tenido réditos electorales para quienes los impulsan pues promueven una falsa sensación de seguridad, que la evidencia empírica se ha encargado de desmentir. Por ejemplo en El Salvador el gobierno impulsó durante el año 2004 la segunda etapa de su política anti pandilla denominada “plan mano dura” bajo el nuevo rótulo de “Plan Súper mano dura”. Los resultados se dejaron ver de inmediato con un aumento en el número de homicidios, que posicionaron a El Salvador como el país con más asesinatos de la región (59,9 por cada 100.000 habitantes para el año 2005).

En la otra cara tenemos el caso de Nicaragua, país en el cual solo existen pandillas  menores dedicadas al comercio y consumo de drogas a pequeña escala, gracias a una exitosa política preventiva que ha impedido que estas se trasformen en peligrosas redes criminales como las existentes en El Salvador. Algunos expertos concuerdan que esto se debe a la menor disponibilidad de armas como consecuencia de un efectivo proceso de desmilitarización, y a una respuesta policial alejada del patrón represivo empleado en otros países de la región. “Los cuerpos policiales nicaragüenses se encuentran hoy en día muy profesionalizados, tienen una estructura eminentemente civil y han desarrollado una importante red de apoyos comunitarios que le da mayor información y credibilidad en los lugares donde existe violencia juvenil” (Solís, G. Coordinador, 2007).

La reducción de la edad penal no disminuye la delincuencia juvenil

La ilusión de que la reducción de la edad penal contribuye a un descenso inmediato de los delitos juveniles ha quedado desmentida por la evidencia de algunos países de la región.

En México, uno de los países pioneros en otorgarle un estatus constitutivo a la reducción de la edad penal, para principios del año 2001 de sus 32 Estados 15 habían reducido la edad penal a los 16 años. Sin embargo, ninguno de estos Estados ha mostrado estadísticas que afirmen que esa medida haya ayudado a la disminución de delincuencia durante períodos sostenidos (Red por los Derechos de la Infancia en México, 2003).

En Honduras, como parte de la estrategia para combatir a las Maras, se agravaron las penas y se extendieron los límites a los plazos de encarcelamiento de los niños y adolescentes de entre 12 y 18 años, solo en los primeros cinco mese de la entrada en vigencia de la nueva ley (agosto y diciembre del 2003) fueron detenidos alrededor de 1.458 personas vinculados a pandillas juveniles (Aguilar, y Carranza, 2008). Pese a ello, la tasa de homicidio no disminuyó, manteniéndose alrededor de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes (Kliksberg,  2008).

Otro problema de esta medida es que institucionaliza un paradigma represivo, que fomenta el encarcelamiento arbitrario y reduce las condiciones de vida dentro del sistema penitenciario, al contribuir al sobrepoblamiento de este.  Un reciente informe realizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina , junto a UNICEF Oficina de Argentina, titulado “Privación de libertad. Situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina” (2006) revela que unos 20.000 niños y adolescentes están privados de su libertad en la Argentina y que el 87,1% está internado por situaciones socio económicas y sólo un 12,1% por causas penales.

Entonces, hacia donde se debe avanzar

Los expertos en la temática afirman que se debiera avanzar hacia políticas comunitarias participativas con un fuerte foco en lo local. Capaces de integrar a los jóvenes en ellas y de elaborar estrategias durables en el tiempo, que no se vean amenazadas con las turbulencias electorales y partidistas.

Es fundamental además, generar un conocimiento específico sobre esta problemática. Que analice cuáles son los factores de riesgos y causales que contribuyen al establecimiento de  grupos armados dentro de ciertas comunidades; como a la vez determinar cuáles son los factores y circunstancias que contribuyen a que los niños y jóvenes “escojan” integrase a estas bandas criminales.   

Es necesario reducir los factores estructurales que conducen a la reproducción de estas prácticas, tales como la pobreza, el desempleo, la corrupción, el tráfico de drogas y la proliferación de armas de fuego, etc. Sin embargo, la erradicación de estos factores de riesgo puede tomar un largo tiempo, por tanto a corto plazo es conveniente reforzar la resiliencia entre los niños y jóvenes que se encuentran en las áreas afectadas. Como a la vez evitar la proliferación de discursos mediáticos, académicos, judiciales, policiales y políticos en que sitúen a estos sujetos como problemas y como incapaces de reinsertarse por medio del trabajo preventivo, aun en consideración de su altísimo grado de complejidad. 

Estos casos límite, en cuanto suponen una violación absoluta de los derechos humanos, debieran revertir de urgencia la discusión política sobre los fundamentos y paradigmas de las políticas públicas dirigidas hacia niños, niñas y jóvenes, que no necesariamente debe traducirse en la creación de una nueva institucionalidad, sino en el paulatino reemplazo de los enfoques marcados por el paternalismo y la percepción de riesgo.  En pro de un nuevo marco conceptual que reconozca a estos niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho, asegure su libertad y los asuma como actores sociales capaces de formular, implementar y evaluar las políticas que les están destinadas.

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